Bruselas revisa la concesión de ayudas al cine

La Comisión Europea ha revisado los criterios para la concesión de ayudas a la producción de películas y otras obras audiovisuales.
El Ejecutivo comunitario ha aprobado una comunicación que permite ayudas estatales para un abanico más amplio de actividades, subraya la capacidad de decisión de los Estados miembros para definir las actividades culturales merecedoras de ayudas e, introduce la posibilidad de conceder más ayudas a producciones transfronterizas y promueve el patrimonio cinematográfico.
El vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, explicó hoy que el objetivo de estas normas revisadas es "fomentar una creación audiovisual dinámica en Europa, manteniendo al mismo tiempo la diversidad cultural en toda la UE".
"Proporciona un marco común para la UE en materia de ayudas estatales concedidas por los Estados miembros que tiene en cuenta la dimensión europea del sector audiovisual y pretende garantizar su viabilidad continuada y su competitividad", señaló.
Las nuevas normas amplían el ámbito de aplicación de la Comunicación sobre el Cine de 2001 (véase IP/01/1326), que solo se aplicaba a ayudas estatales para la producción de películas, para incluir todas las fases de una obra audiovisual, desde su concepción hasta su difusión a la audiencia. La intensidad de ayuda que puede concederse a una película sigue estando limitada, en principio, al 50 % del presupuesto de producción.
Los costes de distribución y promoción podrán ser apoyados con ayudas de la misma intensidad. Sin embargo, las coproducciones financiadas por más de un Estado miembro podrán recibir a partir de ahora ayudas de hasta un 60 % del presupuesto de producción. Por el contrario, no hay límites para las ayudas a la creación de guiones o el desarrollo de proyectos audiovisuales, ni para obras audiovisuales de especial dificultad, tal y como las defina cada Estado miembro de acuerdo con el principio de subsidiariedad.
Con arreglo a la nueva normativa, los Estados miembros seguirán teniendo la posibilidad de imponer obligaciones de territorialización de los gastos a los beneficiarios de las ayudas audiovisuales. De hecho, esta restricción a las normas del mercado único de la UE se justifica por la promoción de la diversidad cultural, que exige la preservación de los recursos y conocimientos técnicos de la industria a escala nacional o local. Las normas revisadas garantizan que dichas obligaciones territoriales sigan siendo proporcionadas respecto a estos objetivos.
En concreto, los Estados miembros podrán exigir que el 160 % del importe de la ayuda concedida se gaste en su territorio. Los Estados miembros podrán exigir también, con independencia de la cuantía de la ayuda concedida, que un nivel mínimo de la actividad de producción se realice en su territorio como condición para la concesión de la ayuda. Este nivel mínimo no podrá ser nunca superior al 50 % del presupuesto de producción. En todos los casos, tal y como ya ocurría anteriormente, la obligación de gasto territorial no podrá superar en ningún caso el 80 % del presupuesto de producción.
COPIA DE OBRAS
La nueva Comunicación sobre el Cine también subraya la importancia de los objetivos de patrimonio cinematográfico vinculados a la recogida, la conservación y la accesibilidad de las películas europeas. Los Estados miembros deberán impulsar y apoyar a los productores para que depositen una copia de las obras subvencionadas para su conservación y uso no comercial.
Los Estados miembros deberán adaptar sus actuales regímenes de ayudas de acuerdo con esta Comunicación en un plazo de dos años.
Los Estados miembros de la UE aportan cada año ayudas al sector cinematográfico estimadas en 3 000 millones de euros: 2 000 millones de euros en subvenciones y créditos en condiciones ventajosas y 1 000 millones de euros en incentivos fiscales. Aproximadamente el 80 % está destinado a la producción cinematográfica. Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España ofrecen la mayor parte de esta ayuda.
Los criterios de evaluación de las ayudas estatales aplicados desde 2001 expiraron el 31 de diciembre de 2012. Después de esa fecha, la Comisión ha seguido evaluando los nuevos regímenes de ayudas al sector cinematográfico directamente sobre la base del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite la concesión de ayudas con fines culturales.