La Comisión Europea ha transmitido un ultimátum a España este jueves para que traslade completamente a su ordenamiento jurídico las normas comunitarias aplicables a las empresas de servicios de inversión, las cuales debieron transponer los países como muy tarde el pasado mes de junio. En caso de que las autoridades nacionales no respondieran a las exigencias de Bruselas en un plazo de dos meses, el Ejecutivo europeo podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, e insta a la transposición de la directiva en el periodo de tiempo señalado o la Comisión podrá dar el último paso previsto en los expedientes sancionadores y elevar el caso al órgano de justicia. Junto a España, los servicios comunitarios han advertido también a Italia y Bulgaria del retraso en la transposición.
Desde la Comisión se explica que la directiva en cuestión contribuye a crear un marco prudencial más específico, diseñado para reflejar mejor la naturaleza, el volumen y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión. La aplicación de normas más precisas en caso de que las empresas de servicios de inversión hayan alcanzado unos volúmenes y unos umbrales determinados, debería traducirse en que los costes por cumplimiento del nuevo marco sean más bajos, según ha destacado Bruselas.
Aviso por los requisitos de capital
Este mismo jueves también ha llegado otro dictamen motivado desde la Comisión, orientado a la toma de medidas para transponer completamente a su legislación nacional la directiva sobre requisitos de capital. Así, el Gobierno español contará también con un plazo de dos meses en este ámbito para cumplir con las indicaciones europeas, después de que se llegue a la segunda fase de un procedimiento de infracción abierto contra el país.
En este caso, el Ejecutivo comunitario achaca que España no esté en orden con la transposición nacional una vez llegado diciembre de 2020, plazo máximo que se dio a los Estados miembro para alinear sus leyes con la normativa comunitaria. Los países que también han recibido el ultimátum comunitario en esta materia son Bulgaria, Letonia, Malta y Portugal.
La Comisión se queja de que hasta la fecha este grupo de países no ha notificado ningún paso de transposición y avisa de que si pasado el plazo no hay solución, podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la UE para que tome medidas.
Normas sobre 'crowdfunding'
Como tercer aviso, la Comisión ha remitido otro dictamen motivado más por no haber trasladado a su legislación nacional la armonización que permite eximir a las plataformas de 'crowdfunding' autorizadas de las reglas que se aplican a los mercados de instrumentos financieros, algo achacado también a otros ocho países de la UE.
Esta norma tiene por objeto garantizar que todas las plataformas de financiación participativa en el ámbito de aplicación del Reglamento estén sujetas "al mismo conjunto coherente de normas, independientemente del territorio de la UE en el que operen", según ha indicado la Comisión.
Además de a España, Bruselas ha remitido dictámenes motivados a Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Finlandia por no haber notificado la adaptación de su ordenamiento jurídico todavía, a pesar de que el plazo máximo dado a los países socios concluyó en mayo de 2021.
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