Cajas. Ong y cermi denuncian que la desaparición de las obras sociales supone un retroceso del estado del bienestar

La Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma de Voluntariado en España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunciaron este viernes que la desaparición de las obras sociales supone un retroceso del Estado del bienestar.
De esta manera, en una nota de prensa, estas plataformas mostraron su rechazo a la posible “bancarización” de las cajas de ahorros como resultado del decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
Defienden que la labor social de las cajas de ahorros se refleja en el número de personas beneficiarias de sus proyectos solidarios y recuerdan que 162 millones de personas se beneficiaron en 2009 de los proyectos y actividades de la Obra Social.
Indican también que más de 2000 millones de euros se dedicaron a financiar iniciativas sociales y ciudadanas, con especial dedicación al área socioasistencial, que presta servicio y atención a las personas más vulnerables.
“En el contexto de crisis actual, esta nueva legislación antepone el interés privado frente a la misión social de las cajas de ahorros, justo en un momento en el que se deberían garantizar modelos financieros competitivos y solidarios”, añaden.
Por todo ello, advierten de que la bancarización aprobada por el Ejecutivo se puede traducir, además, en un aumento de la desigualdad de acceso al sistema financiero para los colectivos en riesgo de exclusión y para las personas establecidas en zonas rurales, que pueden verse excluidas.
Respecto a la capitalización de las cajas, exigen que en ningún caso el capital de las cajas tras la reforma debe ser inferior al 51%, manteniendo garantías de participación social en las futuras fundaciones y de fondos para las obras sociales con el objetivo de mantener los fines que ahora tienen previstos.
Por último, las cuatro plataformas hacen un llamamiento al Gobierno para que tenga en cuenta la opinión del tercer sector de acción social en la elaboración de esta normativa que transformará el sistema financiero español y que incidirá directamente sobre los colectivos más vulnerables.