Calviño da la razón a Díaz Ayuso en su nueva ley de liberalización empresarial

"Neoliberalismo" o "capitalismo salvaje" han sido algunas de las palabras con las que los socialistas y la izquierda más radical de Madrid han descrito las políticas públicas de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Unas declaraciones que han instalado en la opinión pública la percepción de que el modelo de Madrid difiere absolutamente con el del Gobierno central. Sin embargo, a partir de un artículo publicado por un alto cargo del Ministerio que dirige la ministra Nadia Calviño, se aprecia una notable consonancia entre este organismo y la nueva medida que ha lanzado Ayuso: la Ley de Mercado Abierto, con la que se busca liberar al sector empresarial de las trabas y las cargas que imponen las administraciones autonómicas.

El pasado miércoles, el Gobierno de Ayuso aprobó el Anteproyecto de Ley de Mercado Abierto. Una medida que convertirá a Madrid "en la primera región de España donde las empresas y operadores económicas, de todo el territorio nacional, puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen". Javier Fernández-Lasquetty - el consejero que capitanea todas las áreas económicas del Gobierno- aseguró que es "uno de los proyectos más importantes de la Comunidad". Una ley que ha provocado reacciones dispares entre los gobernantes de otros territorios. Así, mientras que desde Castilla y León se ha celebrado -porque "abre un mercado relevante para nuestras empresas"-, desde la Comunidad Valenciana se atisba con recelo, "espero que no continúe haciendo de Madrid una aspiradora de recursos".

El 1 de noviembre de 2019, la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP) publicó un trabajo de investigación de Marisa Álvarez Suárez donde defendía una "mejor regulación" para acabar con aquella burocracia que es "excesiva y redundante" y que "genera costes económicos y sociales". Ella, que pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, no es una funcionaria cualquiera, sino que ha desempeñado puestos relevantes en el Ministerio de Economía tanto en los gobiernos de Rajoy como en los de Sánchez. De hecho, su actual posición -subdirectora general de Mejora de la Regulación, Apoyo a la Empresa y Competencia- es prácticamente la misma que mantenía con la anterior Administración.

En ese mismo trabajo, Álvarez Suárez defendió lo que ella denominaba como 'better regulation': "una política que busca mejorar y simplificar el entorno regulatorio, que debe ser necesario, apropiado, proporcional, transparente, accesible y simple". Una nueva regulación que lucha contra "las barreras y los obstáculos innecesarios y desproporcionados generados por las malas práctica regulatorias, que suponen una pérdida de oportunidades de crecimiento". Una realidad -esta última- que, según ella, "tienen un efecto directo y relevante en las pequeñas y medianas empresas" y que a nivel macroeconómico supone "un menor crecimiento de la economía en términos de PIB, empleo y bienestar".

Tres años después de esta publicación, Madrid lanza un anteproyecto de ley que parece seguir la pauta de estas recomendaciones de Economía. Así, la medida tiene por objetivo "garantizar la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Comunidad de Madrid. Por lo que todos los operadores, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia y establecimiento, tendrán los mismos derechos en la región. Este acceso solo podrá limitarse conforme a lo establecido en la Ley de Unidad de Mercado 20/2013 (cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, cuando el número de operadores económicos del mercado sea limitado por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas) y a lo dispuesto en la normativa de la UE y de los tratados y convenios internacionales".

Desde el Ministerio de Economía aseguran al periódico La Información que "estamos trabajando con todas las CCAA sobre dos puntos. El primero, ver (en el seno de la nueva conferencia sectorial de Unidad de Mercado, creada el pasado verano) el intercambio de experiencias y las mejores prácticas regulatorias; de manera que se impulse la creación y la constitución de empresas. El segundo, a nivel normativo, con la ley Crea y Crece -manteniendo el ámbito competencial de cada comunidad- queremos fomentar la buena regulación para que los requisitos que se establezcan para la constitución de empresas en cada comunidad autónoma sean necesarias y proporcionales". Sobre si la ley que lanza Díaz Ayuso es proporcional y coordinada -como defendía Álvarez Suárez en su trabajo de investigación-, desde el Ministerio recalcan que "no vamos a valorar ni entrar en discusiones sobre una medida que todavía no está publicada".  

Según las previsiones del Gobierno regional, la aplicación de la nueva Ley de Mercado Abierto supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos. Quizá, este sea el inicio de una cadena que liberalice todo el territorio español. Al final, y en el caso de que todos los territorios promulguen la nueva ley de Ayuso, se podría observar un beneficio colectivo. Así, el paradigma de la 'mano invisible' -que consigue que dos actores se beneficien mutuamente de una acción siguiendo su propio interés- se podría trasladar al caso de España: las comunidades autónomas buscando atraer inversores y empleo para su propio territorio ayudarían, de forma indirecta, a mejorar el PIB del conjunto nacional.

Tras el eslogan de 'Comunismo o Libertad', Díaz Ayuso se alzó con su primera victoria en la Comunidad de Madrid. Una campaña bien diseñada que le dejó a escasos escaños de la mayoría absoluta. Pero detrás de este lema, se esconde un verdadero proyecto por ejecutar un proyecto liberal en Madrid, con medidas de calado con las que llevar a cabo una transformación: como la reducción "histórica" del IRPF, la supresión de todos los impuestos autonómicos, la flexibilización del sector del taxi... y ahora esta nueva ley con la que eliminará trabas burocráticas a aquellos que procedan de otros territorios. Un modelo que se asienta en Madrid de la mano de Lasquetty, antiguo rector, hasta hace no mucho, de la Universidad Francisco Marroquín (uno de los centros más célebres en la divulgación de las ideas de la Escuela Austriaca en América Latina) y que ahora, con el lanzamiento de su última ley, ha conseguido hasta complacer al sector más frugal del Gobierno.