La Junta de Castilla y León ha pedido al gobierno en funciones que flexibilice la protección sobre el lobo en las zonas en las que estos animales supongan un peligro, de acuerdo con el nuevo criterio adoptado por la Unión Europea. El consejero de Medio Ambiente de la comunidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha solicitado al Ejecutivo derogar la ley que blinda a la especie.
El comunicado emitido por el consejero se ha hecho público tras las declaraciones de ayer de Ursula von der leyen, presidenta de la Comisión Europea, que subrayó que algunas concentraciones de lobos pueden conllevar serios peligros para tanto ganado como personas, abriendo la posibilidad de rebajar la protección existente a estos animales.
Así, tras señalar los problemas que los lobos pueden causar en algunas regiones de la Unión Europea, la presidenta instó a las autoridades locales y nacionales a "tomar medidas cuando sea necesario", y añadió que la legislación europea actual ampara estos cambios en las normativas.
La población de lobos aumenta
La Junta de Castilla y León ha apoyado esa decisión de flexibilizar la normativa de protección del lobo y ha considerado que "la Comisión Europea ha dado un paso fundamental en relación a la gestión del lobo en Europa, marcando otro paso decisivo en un proceso que ha durado meses y que ha sido objeto de preocupación tanto para la ganadería como para la conservación de esta especie emblemática".
Ha recordado que desde noviembre del año pasado, cuando el Parlamento Europeo tomó una decisión histórica en la que instaba a la adopción de medidas para flexibilizar la gestión del lobo y restablecer el equilibrio entre la conservación de la especie y las actividades económicas en el medio rural, "se ha trabajado arduamente en este proceso".
Y ha argumentado que "la preocupación por los crecientes daños causados por los lobos a la ganadería y la necesidad de controlar el aumento de su población en zonas muy humanizadas o con alta densidad de ganadería extensiva fueron factores clave que impulsaron esta iniciativa".
La Consejería ha incidido en que la Comisión ha invitado a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre de 2023 sobre la población de lobos y sus repercusiones.
Y sobre la base de los datos recogidos, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie.
La Consejería ha defendido que los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión sobre las poblaciones del lobo no se correspondían con la información que tenían las regiones españolas responsables de la gestión de esta especie, cuestión que fue comunicada el pasado mes de abril por Suarez-Quiñones, junto con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia, al comisario europeo de medio ambiente.
En el caso de España, antes de la nueva regulación sobre el lobo del Gobierno que incluyó a este animal en Listado de Especies de Especial Conservación (LESPRE), al norte del río Duero, el régimen europeo de protección del lobo permitía la gestión de la especie a la Administración.
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