Madrid, 26 mar.- CCOO ha pedido hoy la revisión del proyecto de ley de desindexación porque piensa que no servirá para controlar las subidas de precios de los sectores regulados, pero sí cree que perjudicará a los salarios de empleados públicos y trabajadores de empresas contratadas por las administraciones.
La ley de desindexación propone que las subidas de precios públicos estén justificadas exclusivamente por el aumento de los costes del servicio, mientras que diseña un nuevo indicador con un techo del 2 % y un suelo del 0 % en el sector privado, el índice de garantía de competitividad (IGC).
En un comunicado, el sindicato ha afirmado que esta norma tendría un efecto "muy reducido" sobre la inflación en España, porque, en su opinión, es en los sectores regulados (como el de la electricidad, el gas, los carburantes o el transporte) donde se producen subidas de precios que no se corresponden con los costes.
"Donde sí tendría efectos esta norma es en el caso de las empresas que trabajan para las administraciones públicas, cuyas revisiones de precios está previsto que se realicen con un índice específico (IGC)", ha añadido.
A juicio de CCOO, para llevar a cabo una política creíble de lucha contra la inflación el Gobierno debería establecer mecanismos para la auditoría pública de los costes reales de los sectores regulados, así como vigilar que sus beneficios se "acomoden" a los de la zona euro.
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