"Es un paréntesis en todo el procedimiento (del corte de rutas). Volveremos al diálogo después del 21 de febrero a raíz de la invitación del ministro de la Presidencia (Juan Ramón Quintana)" de abrir un espacio de negociación, dijo el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de El Alto, Gustavo Rivadeneira.
"Ellos van a levantar todas sus medidas de presión, para que después del 21 de febrero recién ingresemos en reunión", corroboró el viceministro del Interior, Marcelo Elío, al cabo de una reunión en su despacho.
Horas antes, la Policía boliviana había comenzado a desbloquear los cortes de ruta instalados desde el domingo en puntos neurálgicos del eje troncal del país, entre La Paz (oeste) y Santa Cruz (este), por transportistas en huelga que negociaban con el gobierno una solución a sus demandas laborales.
El principal dirigente de la Cámara Boliviana de Transporte de carga, Fidel Baptista, cuyo gremio reclama una rebaja en los tributos que pagan, había ordenado antes de la reunión "poner los vehículos (que cortaban las rutas) a un costado de la carretera para dar paso libre a las movilidades".
Ante la iniciación de los festejos de carnaval, que arrancan virtualmente este viernes y se extienden hasta el martes, Baptista aceptó la propuesta de ir al diálogo después del referendo del 21 de febrero, que consultará si se habilita al presidente Evo Morales para un nuevo mandato hasta 2025.
La Cámara de Transporte pretende que el gobierno reconozca como crédito fiscal las facturas ajenas al rubro. El gobierno estima que de acceder a ese pedido, el Estado dejaría de recaudar 1.000 millones de pesos bolivianos (unos 144 millones de dólares) al año.
El vicepresidente Álvaro García señaló que los empresarios del sector "no son dueños de una petita (vehículo pequeño) ni de un minibús. Son dueños de 5, de 10 o de 20 camiones, cada uno de los cuales vale 300.000 dólares, y que no quieran pagar impuestos no es aceptable, no es justo, no es correcto".
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