Ciu pide hoy en el congreso más apoyo para las víctimas de la talidomida

La portavoz de Consumo de CiU en el Congreso, Lourdes Ciuró, defenderá este miércoles en la Cámara Baja una proposición no de ley en la que pide al Gobierno más apoyo para las personas afectadas por la talidomida, el fármaco recetado en los años sesenta a las embarazadas para combatir las náuseas propias de la gestación, que causó malformaciones en los fetos de muchas de ellas.
Según recuerda CiU, el medicamento, contra las náuseas en el embarazo, lo puso a la venta en 1957 la farmacéutica alemana Grünenthal, que tuvo que retirarlo tiempo después por detectarse que provocaba "graves malformaciones" en los fetos.
En España, el fármaco se retiró en 1963, si bien continuaron comercializándose medicamentos que contenían la talidomida hasta 1973.
Para apoyar al colectivo de los afectados por esta situación en España, se reguló en 2010 un decreto de ayudas que en opinión del Grupo Catalán es "muy restrictivo" y del "todo insuficiente", ya que el abanico de afectados que reconoce es "muy limitado".
Solo abarca a los afectados que se gestaron y nacieron entre 1960 y 1965, prosigue CiU, que quiere que se amplíe el umbral de cobertura a las gestaciones y nacimientos que tuvieron lugar entre 1957 y 1973.
Y es que, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España y otras inhabilidades (Avite), el laboratorio Grünenthal ya exportaba en 1957 a España productos con talidomida.
Por este motivo, la parlamentaria de CiU pide al Ejecutivo que proceda cuanto antes a revisar y ampliar el umbral de personas afectadas por la talidomida, "máxime teniendo en cuenta que el próximo mes de octubre se verá el juicio contra la farmacéutica Grünenthal por dispensar este fármaco".
"Es del todo oportuno que se proceda a revisar el marco de víctimas reconocidas ahora, ya que si no se amplía, supondría que afectados en España no podrían acogerse a la indemnización derivada de una eventual sentencia estimatoria contra la farmacéutica alemana", advierte Ciuró.
Además, la parlamentaria sugiere al Gobierno que se replantee el asunto de las indemnizaciones compensatorias y que evalúe la incorporación de este colectivo al sistema de exenciones en el pago de medicamentos y material ortoprotésico.
Defiende también que la normativa proteja a los afectados con nacionalidad española que nacieron en el extranjero y que se posibilite su jubilación voluntaria o que se les reconozcan pensiones vitalicias, como sucede en otros Estados de la UE.