Competencia investiga desmotadoras de algodón por prácticas anticompetitivas

  • La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de aprovisionamiento de algodón bruto, por lo que ha realizado inspecciones en diversas empresas de desmotado de algodón y en las asociaciones a las que pertenecen.

Madrid, 11 oct.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de aprovisionamiento de algodón bruto, por lo que ha realizado inspecciones en diversas empresas de desmotado de algodón y en las asociaciones a las que pertenecen.

Según ha indicado, el pasado día 9 de octubre inspectores de la CNC realizaron inspecciones en las sedes de diversas empresas y asociaciones con la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas como la adopción de acuerdos tendentes de forma directa o indirecta "a fijar los precios pagados a los productores de algodón, reparto de mercado y cierre de mercado a nuevas desmotadoras".

La citada inspección se produce en el marco del expediente sancionador S/0378/11 incoado el pasado 24 de febrero de 2012 contra Algodonera del Sur S.A. (Algosur), Desarrollo y Aplicaciones Fitosanitarias (Dafisa), Eurosemillas, Industria Desmotadora Andaluza (Indesa) y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (Coalsa), que fue ampliado el 30 de julio a Surcotton y Algodonera Blanca Paloma.

En el marco de dicho expediente, se ha tenido acceso a determinada información relacionada con otras posibles prácticas ilícitas para el reparto de mercado y evitar la entrada a nuevas empresas competidoras, que podrían ser igualmente contrarias al artículo 1 de la LDC.

La CNC recuerda que las inspecciones suponen un paso adicional en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación, ni la culpabilidad de las empresas y asociaciones inspeccionadas.

En caso de acreditarse las presuntas infracciones, se procedería a una ampliación de la incoación del expediente, que podría suponer una multa de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

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