Madrid, 28 feb.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a Iberdrola una multa de 10,6 millones de euros por el traspaso de clientes desde su comercializadora de último recurso hasta la de mercado libre "sin recabar el consentimiento expreso del consumidor exigido por la normativa".
Iberdrola ha señalado que recurrirá la sanción a la Audiencia Nacional.
La multa se produce a raíz de una denuncia presentada en 2009 por Gas Natural Servicios y Unión Fenosa contra Iberdrola por estos comportamientos.
En julio de 2010, Competencia inició las investigaciones y concluyó que, desde agosto de 2009 a marzo de 2010, Iberdrola procedió a traspasar clientes sin su consentimiento desde la comercializadora de último recurso de su grupo, donde están los consumidores acogidos a tarifas reguladas, hasta la comercializadora en mercado libre.
El Consejo de la CNC destaca que dicha infracción se produjo en un momento en el que la liberalización del mercado minorista de suministro de electricidad "iba a desplegar todos sus efectos", ya que los comercializadores libres podían competir por los consumidores y se abría la posibilidad de encontrar mejores alternativas de suministro.
Desde junio de 2009, los consumidores pueden acudir al mercado libre y elegir quién le suministra electricidad, aunque los que tienen potencia contratada por debajo de 10 kilovatios (kW), lo más común en los domicilios, pueden acogerse a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), la única fijada por el Gobierno.
Para adaptarse a estos cambios, las empresas tuvieron que separar la gestión de los negocios de distribución y comercialización de electricidad.
Según Competencia, el suministro de electricidad es un input básico de la economía y "no resulta aventurado" afirmar que fueron mayoritariamente pequeñas y medianas empresas las destinatarias de estas acciones de Iberdrola.
Por lo tanto, añaden, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico, el colectivo al que se dirigió y el servicio afectado, "no hay duda de que la conducta de Iberdrola ha afectado al interés publico".
Desde la liberalización del mercado de gas y electricidad, Competencia ha impuesto diversas sanciones al sector por obstaculizar los cambios.
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