Rechaza las enmiendas de PP y Vox

El Congreso niega al PP y Vox suprimir el impuesto de la plusvalía municipal

La reforma del impuesto de la plusvalía municipal responde a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del sistema de cálculo del tributo.

Pedro Sánchez María Jesús Montero
El Congreso niega al PP y Vox suprimir el impuesto de la plusvalía municipal. 
Europa Press

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad de la reforma del impuesto de la plusvalía municipal que proponían, en el caso de Vox, la supresión del impuesto y, en el del PP, el establecimiento de exenciones en una parte importante de los casos. Tras el rechazo de estas dos enmiendas, el proyecto de ley -que tiene su origen en un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros el 7 de noviembre y convalidado por el Congreso de los Diputados el 2 de diciembre del pasado año- continuará su tramitación en el Congreso.

La reforma del impuesto de la plusvalía municipal responde a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del sistema de cálculo del tributo -que grava la revalorización de los inmuebles cuando alguien vende, dona o hereda una vivienda-, por no tener en cuenta la realidad del mercado inmobiliario ni la capacidad económica del contribuyente. La norma permite ahora al contribuyente elegir si paga por la ganancia real obtenida con la venta de suelo o por la resultante de aplicar el nuevo sistema objetivo diseñado por Hacienda, en tanto que estará exento de pago cuando la operación no reporte ganancia.

El diputado del PP Antonio González Terol ha dedicado buena parte de su intervención para defender la enmienda de su grupo a cargar contra la reforma, que considera que llega con retraso y sin el acuerdo de las entidades locales. La propuesta del PP pasa por eximir del pago del impuesto a todas las personas físicas y la mayoría de las pymes, que considera que ya están tributando por las ganancias patrimoniales en otros gravámenes.

Para paliar la pérdida recaudatoria, propone crear un mecanismo que amplíe la participación de las entidades locales en los tributos que gravan los bienes inmuebles y, además, poner en marcha un fondo de compensación dotado con casi 2.000 millones de euros para compensar la menor recaudación del nuevo modelo, el tiempo que el impuesto no estuvo en vigor y posibles reclamaciones. La diputada Inés Cañizares ha defendido la enmienda de Vox, que planteaba "la expulsión definitiva" del impuesto del ordenamiento jurídico por considerarlo inconstitucional y confiscatorio, incluso tras una reforma que, en su opinión, tiene el único objetivo de "seguir atracando el bolsillo de los españoles".

Para Vox -que ha recurrido la reforma ante el Constitucional-, el impuesto de la plusvalía no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente e incurre en doble imposición al gravar dos veces una misma manifestación de riqueza, al coincidir por ejemplo con la ganancia patrimonial del IRPF. La supresión del impuesto supondría, según Vox, una merma de 2.500 millones en la recaudación anual de las entidades locales, que propone compensar con la "eliminación de ciertos gastos tóxicos" como "puestos a dedo", subvenciones a partidos políticos o los Ministerios de Igualdad, Consumo y Universidades.

Desde ERC, el diputado Joan Margall ha rechazado las enmiendas a la totalidad, que ha considerado "la enésima batalla de desgaste al Gobierno", aunque ha abogado por crear un fondo extraordinario de 1.500 millones para compensar a las entidades locales por la pérdida de recaudación del nuevo método de cálculo. La diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez ha mostrado su acuerdo con el contenido de las enmiendas, sobre todo la de Vox, ya que ve necesario suprimir el impuesto y aumentar la participación de las entidades locales en tributos que gravan las ganancias patrimoniales por venta de inmuebles, como el IRPF.

El diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha mostrado su rechazo a las enmiendas -la de Vox por "populista" y la del PP, por no tener sentido- en tanto que José María Mazón (PRC) ha abogado por modificar algunos aspectos de la reforma, como los coeficientes o las bonificaciones. Por lo que respecta a los partidos del Gobierno, la diputada socialista Patricia Blanquer ha rechazado las enmiendas por "negacionistas, infundadas y populistas", mientras la diputada de Unidas Podemos Laura López ha defendido la reforma para garantizar que las entidades locales cuentan con los recursos que necesitan.

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