Los municipios se rinden y devuelven de oficio la plusvalía para evitar intereses

El Ayuntamiento de Zaragoza recibía, poco antes de acabar el año 2021, un importante varapalo económico tras ser condenado por una primera instancia a devolver a un contribuyente la plusvalía municipal, un impuesto cuya fórmula de cálculo fue declarada nula por el Tribunal Constitucional y contraria a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, obligaba al consistorio al reintegro de 193.750 euros, más los intereses legales generados, a los propietarios de un edificio que vendieron por un precio por debajo del de compra.

La devolución, una de las más cuantiosas por este asunto, obligó al Ayuntamiento a tomar la decisión, unas semanas después, de dejar de litigar en los tribunales todas las reclamaciones pendientes contra la liquidación de la plusvalía, una vía que desde entonces han seguido decenas de consistorios, muchos de ellos de gran tamaño y una capacidad recaudatoria más que importante. Otros, como en Alcorcón en Madrid, ya tomaron medidas similares a finales de 2021. La iniciativa de Zaragoza suponía dejar de luchar en los tribunales por los más de 3.000 recursos todavía 'vivos', según informó Heraldo, en un contexto en el que era esperable un aluvión de sentencias desfavorables en las que se les obligaría a pagar grandes intereses, además de costas.

Sevilla, Getafe (Madrid), Burgos, Alcorcón (Madrid), Valladolid y otros municipios de menor tamaño que cobraban el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)- la plusvalía-, un tributo opcional para los ayuntamientos, ya han tomado medidas de calado, que les obligarán a importantes desembolsos a los contribuyentes, conscientes además de que el nuevo impuesto para gravar, a partir de su valor, los inmuebles que se venden, es un mero parche, que solo aportará uno de cada tres euros de lo que había percibido por el anterior tributo. En Alcorcón, un municipio de 170.000 habitantes, la plusvalía es el segundo impuesto más importante, tras el de Bienes Inmuebles, como sucede en la mayoría de ayuntamientos. 

Muchos municipios se han anticipado al fin del plazo legal y han puesto en marcha ordenanzas para para adaptarse a la resolución del Constitucional

A través de ese tributo recaudaba en torno a 13 millones de euros anuales y como otros consistorios y como ha reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aboga porque el Estado compense el agujero presupuestario que ha generado la sentencia del Constitucional, aunque la situación ya se anticipaba con los anteriores fallos. El pasado octubre este municipio ya dio ordenes a sus funcionarios para que no tramitasen las liquidaciones por plusvalía. Por su parte, a Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el miércoles el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para adaptarse a la resolución del Constitucional.

Los consistorios disponen de seis meses, que empezaron a contar el pasado 9 de noviembre, dos semanas después de que se comunicase el fallo del Alto Tribunal, para regular el impuesto. En el ayuntamiento castellanoleonés, como sucede en la mayoría, ya no se consideran como imputables de la plusvalía las ventas sin incremento de valor. Desde el consistorio vallisoletano han señalado que las liquidaciones que se reclamaron antes de la publicación de la sentencia o que no se emitieron quedaron devueltas de oficio, mientras que las liquidaciones que se generaron entre el día que salió el auto -26 de octubre- y la publicación del Real Decreto quedaron libre del pago. Las ya abonadas de darse a conocer el auto, no son reintegrables.

Mientras, el Ayuntamiento de Sevilla ha paralizado los procedimientos en los tribunales por reclamaciones de las liquidaciones del IIVTNU, revocando el acto administrativo y dando de hecho la razón al contribuyente, con el consiguiente reembolso, según Abc. Este consistorio pretende aprobar la próxima semana la normativa para adaptarse a la nueva situación del impuesto, dentro del plazo contemplado. También el Ayuntamiento madrileño de Getafe ha tramitado hace solo unos días un millar de expedientes originados en 2019, 2020 y 2021 por el cobro de la plusvalía tumbada por el Constitucional.

La anulación de la plusvalía municipal por parte del Tribunal Constitucional, por "exagerada y confiscatoria", dejó prácticamente sin músculo económico a los ayuntamientos, pero el 'parche' del Real Decreto-Ley, aprobado hace un mes y medio por el Gobierno para reformar los artículos del tributo que se declararon inconstitucionales, tampoco ha sido una solución y sigue sin resolver el problema que supone tumbar la segunda mayor fuente de ingresos de las corporaciones locales.

Las proyecciones de la mayoría de los ayuntamientos apuntan que la recaudación por este impuesto se reducirá en torno a un 25% y un 30%, aunque para algunos será ligeramente inferior el impacto. Pese a todo, el contexto de los fondos europeos, que en parte recaerán en las administraciones locales, supondrá que muchos de los proyectos programados sigan adelante, incluso con los descensos importantes de los ingresos que supone desactivar, en parte, el impuesto de plusvalía. Ayuntamientos como Boadilla del Monte, en Madrid, con una elevada renta per cápita, fiaban el 54% de sus ingresos por impuestos a las plusvalías. En el caso de la turística Torrevieja (Alicante) y la malagueña Ojén cuatro de cada diez euros provenían de esta fuente.

La pandemia del coronavirus en 2020, que prácticamente paralizó la economía, incluida la compraventa de viviendas, provocó una caída de los ingresos por este tributo cercana al 30% y situó la recaudación a niveles de 2013. Antes de la Covid y durante los últimos seis años, lejos de la crisis de 2008, la recaudación del conjunto de los municipios rondaba los 2.500 millones, pero el ejercicio pasado apenas superó los 1.700 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, una cantidad que con la nueva plusvalía variará muy poco. El ayuntamiento que más recauda por IVTNU, el de Madrid, casi 690 millones en 2019, ya tiene sobre la mesa sus presupuestos para 2022, en los que ha calculado que estos ingresos se quedarán en torno a 400 millones, un 32% menos. Pese a todo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida incrementará la inversión, con la confianza que una parte importante de los Fondos de Recuperación recaerá en la capital.