Congreso pide medidas de apoyo a los sectores hortofrutícola y conservero

Madrid, 6 mar.- La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad dos proposiciones no de ley en las que reclama medidas para proteger a la industria conservera española de la competencia de terceros países, así como para mejorar la rentabilidad del sector hortofrutícola.

La primera iniciativa, referida al acuerdo comercial entre la UE y Papúa Nueva Guinea, la presentó la diputada del BNG Olaia Fernández y ha salido adelante con una enmienda pactada con el Grupo Parlamentario Popular, además de recibir el apoyo de los representantes de PNV, CIU y PSOE en el turno de fijación de posiciones.

En su defensa de la proposición, Fernández ha recordado que el acuerdo comercial con Papúa Nueva Guinea permite la importación de atún a la UE libre de aranceles y abre la puerta a posibles ampliaciones a otros países del sudeste asiático como Fiji.

Ha trasladado la preocupación del sector conservero gallego, que agrupa a 67 empresas y genera 12.000 puestos de trabajo y cuya producción en más del 60 % corresponde a conservas de atún.

A su juicio, aunque el acuerdo se presenta en el contexto del apoyo a un país en desarrollo, en realidad beneficia a las empresas asentadas en Papúa Nueva Guinea, como es el caso de firmas tailandesas, chinas o estadounidenses, que emplean mano de obra barata, en muchos casos inmigrante.

En este sentido, ha criticado la "competencia desleal" encubierta que supondrá para la industria europea la producción del país asiático, que es de 400.000 toneladas de las que el 90 % se exporta a Europa.

Por parte del PP, el diputado García Díez ha destacado la relevancia del asunto para Galicia, por el número de empleos que dependen de la industria conservera, y que la enmienda presentada por su Grupo busca alcanzar el máximo consenso en la comisión.

La segunda proposición no de ley, relativa a la mejora del sector de las frutas y hortalizas, ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y, entre otras medidas, insta a concentrar la oferta en origen y reforzar las organizaciones de productores.

El diputado Jesús Caicedo ha destacado en su defensa de la iniciativa la caída de la rentabilidad del sector ante un incremento en el coste de producción del 14,4% en 2011, según la última estimación del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que los precios han caído un 14,3 % en las hortalizas y un 1,7 % en las frutas.

También se ha referido a la competencia de la producción de terceros países, en particular de Marruecos, pero también de otros del arco Mediterráneo, con costes producción más bajos.

Ante esta situación, ha subrayado la necesidad de adoptar medidas para "superar esta etapa y devolver al sector la rentabilidad suficiente para garantizar su continuidad".

Entre otras acciones, la proposición incluye incentivar la concentración de oferta en origen mediante fusión de cooperativas, impulsar que las organizaciones de productores se doten de capacidad jurídica suficiente para negociar con la industria de la distribución y fomentar programas de promoción para aumentar las exportaciones y reforzar la imagen con énfasis en la calidad.

También ha apuntado la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades del sector hortofrutícola española ante la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y de reclamar que la UE haga cumplir "con exactitud" los acuerdos firmados con terceros países antes de firmar otros nuevos.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda, que no fue aceptada, defendida por el diputado Jesús Sicilia.

Sicilia ha criticado que la iniciativa del PP se limita a "una declaración de buenas intenciones" que está "vacía de contenido", por lo que reclamó medidas concretas como exigir compensaciones para el sector hortofrutícola por el acuerdo entre la UE y Marruecos, o financiación para las campañas promocionales.

Desde Izquierda Plural, José Luis Centella ha coincidido con el PSOE en que el sector necesita "algo más que palabras" tras el acuerdo con Marruecos, que le ha de situado "al borde de la desesperación", por lo que ha reclamado actuaciones concretas.