El 'lobby' constructor busca cobijo en Transparencia Internacional tras Gürtel

OHL, Dragados, ACS, los nombres de algunas de las principales concesionarias de obra pública del país pronunciados por 'El Padrino' de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su declaración ante el tribunal. Esas mismas empresas más otras como Constructora Hispánica, Sando, Azvi, Sacyr o Aldesa, identificadas como donantes de la supuesta caja B del PP en los 'Papeles de Bárcenas'. La eclosión de casos de corrupción política ha situado en el disparadero el proceso según el cual se adjudican los contratos públicos en España y las supuestas maniobras ocultas tras dichas adjudicaciones.

A la espera de que los tribunales de justicia depuren responsabilidades políticas o empresariales, si las hubiera, lo que sí ha quedado es el perjuicio reputacional sobre las empresas señaladas. "Los casos de corrupción han generado una crisis de confianza en el sector, que ha afectado tanto a los licitadores como a las empresas". Son palabras de Julián Núñez, presidente del lobby que representa a las principales constructoras del país (SEOPAN) y arquitecto de la estrategia del sector para recomponer su imagen social, maltrecha tras las acusaciones de pago de comisiones y corruptelas varias en los procesos de adjudicación de contratos públicos.

El lobby de las constructoras ha decidido situarse al frente de la manifestación que exige al Gobierno aprovechar la reforma de la Ley de Contratación Pública, a día de hoy en fase de enmiendas, para eliminar las zonas de sombra que aún quedan en los procedimientos de contratación pública e impulsar al máximo la transparencia de estos procesos "para que tanto la propia Administración como la sociedad civil puedan ejercer la función de control y supervisión que consideren oportuna", aseguro ayer Núñez en una jornada.

Para recorrer este camino Seopan ha decidido ir de la mano de Transparencia Internacional, la ONG dirigida por Jesús Lizcano que en los últimos años ha conseguido poner la transparencia y la rendición de cuentas en el centro de la agenda de la gobernanza tanto pública como privada.

Esta colaboración tuvo su primer capítulo ayer con la celebración de la Jornada 'Hacia una transparencia integral en la contratación pública', que tuvo a Transparencia Internacional como anfitrión y a Seopán como principal promotor, y continuará con la constitución de un Grupo de Trabajo para la promoción de la transparencia en la contratación pública que tendrá como núcleo central a la ONG, a Seopán y a EY, y que en las próximas fechas tendrán nuevas incorporaciones de asociaciones del sector privado y probablemente de la Administración Pública, según confirmó el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, a lainformacion.com.

El objetivo es compartido y es avanzar hacia un escenario más claro, en el que las empresas asuman más riesgos por las obras que se adjudican, sí, pero que lo hagan en un marco más definido. Un marco en el que también la Administración, y los funcionarios, asuman las responsabilidades que les correspondan.Distancias con el poder político

La transparencia como antídoto frente a las sospechas. Ése es el nuevo mantra de las constructoras. El presidente de Seopán se esforzó durante la jornada de ayer en recordar que las grandes concesionarias españolas compiten y ganan contratos en los países más transparentes y garantistas del planeta, de Noruega a Canadá, del Reino Unido a los Estados Unidos. "Las empresas españolas ocupan posiciones de liderazgo en los países más transparentes del mundo, donde es impensable que se pague una comisión. Dónde mejor se desenvuelven es donde hay mayor transparencia porque somos las más competitivas", presumió.

¿Y en España? En España, Julián Núñez dibujó un panorama en el que las concesionarias de obra pública deben enfrentarse a contratos para desarrollar infraestructuras que solo se explican por oportunismo político, a contratos mal redactados que son un quebradero de cabeza durante toda la fase de ejecución, a una competencia sin ningún sentido económico en el que se ofrecen rebajas medias de entre el 35% y el 40% en el precio de licitación, el precio que funcionarios especializados calcularon en su momento como razonable.

En este punto, las demandas de Seopán confluyen con las de los expertos. Se necesita una profunda mejora técnica que mejore la redacción de los contratos, evite bajas temerarias de los precios y dé entrada en los procesos a los operadores que realmente pueden llevar a cabo los trabajos, un proceso de supervisión y evaluación que analice el impacto socioeconómico de las infraestructuras y, sobre un todo, un gran pacto político, un Pacto de Estado por las Infraestructuras que comprometa a todos los partidos políticos.