Consultora detecta poco interés de las empresas por invertir en red de carga

Madrid.- Las empresas muestran un escaso interés por la inversión en las infraestructuras públicas de carga de los vehículos eléctricos, según una de las conclusiones de un informe sobre este tipo de movilidad de la consultora Accenture.

Las razones que explican este estado de ánimo se centran en los elevados costes y en la preferencia detectada de realizar la recarga en el hogar, por parte de los usuarios.

En cuanto a los costes de los puntos públicos de carga se argumenta que las inversiones oscilan entre los 3.500 euros de una estación de carga hasta los 35.000 euros de una unidad de carga rápida, que permita recargar un coche en treinta minutos.

Otro aspecto que se pone de manifiesto es que la baja frecuencia de recarga por parte de los consumidores reduciría la capacidad de controlar el impacto de esta operación en el suministro de energía.

A este respecto, el estudio señala que los vehículos eléctricos enchufables cubren las necesidades del usuario habitual de ciudad que podría no verse obligado a recargar su vehículo a diario.

Ello aumenta la dificultad de prever las recargas y reduce la capacidad de controlar sus efectos en el suministro de energía.

A esta relación de dudas se une que la mayoría de las tecnologías de generación de electricidad funcionan de manera aislada, y se añade el problema de que las tecnologías necesarias para el funcionamiento de este tipo de vehículos son diversas, así como la escasa presencia de estos coches en las áreas piloto constituye una base insuficiente para probar la integración de todas ellas.

Según Matías Alonso, socio de Accenture, "si las empresas prestatarias de servicios públicos y los proveedores de servicios quieren controlar el impacto en la red será fundamental que conozcan mejor las preferencias de los consumidores e intenten modificar sus hábitos mediante incentivos originales y creativos".

En cuanto a los modelos de negocio se indica que el de infraestructuras públicas de carga debe liderar la introducción inicial a gran escala.

No obstante, se avisa de riesgos debido a los costes de adopción, la dificultad de prever unos hábitos de recarga y, posiblemente, una demanda limitada.

En este marco se fijan dos campos de actuación: infraestructuras privadas de carga con una prima para controlar la demanda y cambio de batería para reducir la sobrecarga en la red o el llamado modelo end-to-end consiste en un único proveedor de servicios oferente de contratos de servicio a largo plazo en los que se dedujera el coste de la batería del precio de compra del vehículo y se incluyera opcionalmente el cambio de batería.

El modelo basado en la comercialización de automóviles, en el que los fabricantes tratan de vender este tipo de vehículos directamente a los consumidores, tiene el inconveniente del alto coste de las baterías que las deja fuera del alcance de la mayoría de los consumidores, si los gobiernos no ofrecen importantes ayudas.

El "leasing" podría ser una opción más atractiva ya que permitiría distribuir el elevado precio de compra a lo largo de un período de tiempo.

Optar por este modelo debe llevar a invertir en la adquisición de las capacidades necesarias para gestionar una nueva forma de relación con los consumidores, basada en la prestación de servicios.

Está también el modelo del alquiler de baterías, en el que proveedores de servicios serían los propietarios y realizarían su mantenimiento por medio de un servicio de suscripción, por el que los consumidores pagarían por kilómetros recorridos en lugar de la cantidad de electricidad consumida.