Critican en Panamá "intransigencia" oficial frente a conflicto por Zona Libre

Nicolás Espinosa

Panamá, 26 oct.- Analistas y políticos opositores de Panamá coincidieron hoy en criticar la actitud "intransigente" del Gobierno frente a la privatización de la Zona Libre de Colón, cuyo rechazo popular provocó una ola de protestas que en 10 días dejaron tres muertos y pérdidas económicas millonarias.

También representantes del oficialismo reconocieron que la polémica Ley 72, que va a ser revocada, tuvo que debatirse más con los sectores de Colón antes de su aprobación parlamentaria y de ser firmada por el presidente Ricardo Martinelli el pasado día 19.

El Gobierno de Martinelli y el Parlamento panameño, de mayoría oficialista, anunciaron este viernes que la ley será derogada el domingo para devolver la "paz y tranquilidad a los panameños".

El analista político Mario Rognoni dijo a Efe que el Gobierno mantuvo una "lamentable" posición de "intransigencia" y de "absurda negociación" en los últimos 10 días a pesar del rechazo popular a la ley.

"Una vez más quedó demostrado que el Gobierno legisla más para los negocios que para los intereses del pueblo. Esa ley que se veía como beneficiosa para Colón, en realidad era un gran negociado de tierras", opinó quien fuera ministro de Comercio durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega (1983-1989).

Rognoni descartó que la imagen internacional del país y la inversión extranjera se vean afectadas por el conflicto, que incluyó un paro promovido por el gremio comercial de Colón, sede de la Zona Libre más importante del mundo después de Hong Kong.

El diputado opositor Miguel Salas acusó públicamente al Ejecutivo de haber pretendido "imponer" una ley "inconsulta", y lo responsabilizó de las muertes registradas durante un conflicto que, dijo, "se pudo evitar".

El legislador del tradicional Partido Revolucionario Democrático (PRD-opositor), Rogelio Paredes, expresó a Efe su temor de que los "desaciertos" cometidos por el Ejecutivo "desacrediten" la imagen del pujante país centroamericano.

"Hemos vivido una situación que no merecía un país con un crecimiento anual del 10 % del producto interno bruto", dijo Paredes.

El legislador opositor se mostró especialmente preocupado por la imagen del centro logístico que representa Colón, cuya zona franca alberga más de 3.000 empresas.

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre cifró en 6 millones de dólares diarios las pérdidas por el paro en Colón, mientras que el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, dijo este viernes que "la situación (operativa del puerto) no llegó al punto de no retorno".

"Todavía estamos a tiempo de reactivar los puertos y restablecer la comunicación con el resto del país para poder cumplir con los compromisos con el hemisferio este, al que el puerto (de Colón) atiende", afirmó Henríquez.

Por su parte, el diputado oficialista José Muñoz, del partido Cambio Democrático (CD) de Martinelli, dijo en conversación con Efe que la discusión de la Ley 72 debió "tomar más de tiempo".

Sin embargo, Muñoz, quien presidió el Parlamento en 2010 y 2011, afirmó que con la decisión de derogar la ley el Gobierno escuchó a las "grandes mayorías".

Eso mismo afirmó el ministro Henríquez, quien además resaltó en una rueda de prensa que en la última semana el Ejecutivo realizó "intensos intentos por buscar el diálogo" con los sectores promotores de las protestas, sin lograr que nadie se sentara con él.

"Viendo que el diálogo no se produjo, el Gobierno opto valientemente por proceder a la derogación de la ley", añadió.

El ministro expresó asimismo su confianza en que a partir de la próxima semana las "mismas fuerzas que participaron de este proceso" de resistencia civil "se reunirán" con el Ejecutivo "para buscar vías de entendimiento" sobre el futuro de Colón.

La Ley 72 es la cuarta propugnada este año por Martinelli que, después de su aprobación por el Parlamento, ha debido ser derogada debido a la presión popular en su contra.

A mediados de este año el Parlamento tuvo que retirar dos proyectos de ley que permitían al Gobierno la venta de acciones del Estado en compañías de electricidad y telefonía, así como la creación de una nueva sala en el Tribunal Supremo que hubiera dado al oficialismo una mayoría de jueces en esa corte.

Anteriormente, en medio de violentas protestas, el Ejecutivo debió de retirar una ley sobre minería y aprobar otra que proscribe las explotaciones mineras y los proyectos hidroeléctricos en las comarcas indígenas de la etnia Ngabe-Buglé.