De la Vega aboga por "sosegar" las posturas en el debate sobre el almacén

Santander.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha abogado hoy por "sosegar" las posturas respecto a la instalación de un almacén centralizado de residuos nucleares y ha afirmado que el Gobierno tomará una decisión basada "más en el rigor y el análisis que en el temor y la especulación".

La vicepresidenta ha hecho estas afirmaciones en Santander, poco después de la decisión del pleno del Ayuntamiento de Ascó de aprobar su candidatura para albergar ese almacén, pese a la oposición de la Presidencia de la Generalitat, y tras anunciar el Gobierno de Castilla-La Mancha que recurrirá la de Yebra, en Guadalajara.

De la Vega ha explicado que una vez que se hayan presentado todas las candidaturas, el Gobierno tomará una decisión con criterios objetivos, valorando las condiciones del municipio y la zona donde se vaya a situar el almacén.

La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno respeta todas las posiciones y ha recalcado, para que "se tenga en cuenta en el debate" que se ha abierto en la sociedad, que el sistema de almacenamiento de residuos es seguro y respetuoso con el medio ambiente y han optado por él otros países europeos.

Según De la Vega, está opción responde, además, a un mandato parlamentario, que se obtuvo con un "amplísimo" consenso de las distintas formaciones políticas, y que servirá para solventar el problema de saturación de las piscinas en las centrales nucleares.

Además, ha añadido, va a permitir impulsar la zona donde finalmente se instale, porque creará empleo y generará inversiones en investigación y desarrollo.

"El debate está ahí y nosotros respetamos todas las posiciones", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha subrayado que, en su momento, el Gobierno tomará decisiones "serenas, fundamentadas más en el análisis y el rigor que en el temor y la especulación".

Después de subrayar que hay que hacer un debate "lo más racional posible", la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno va a tener en cuenta todas las condiciones en cada caso concreto, incluida las posiciones de los municipios y que se hayan adoptado con el mayor consenso posible.

Ha explicado que, de acuerdo con la legislación, cada ayuntamiento debe analizar el proyecto y adoptar "con libertad la decisión que considere oportuna y que más propicia el desarrollo de su comunidad".