Debate nación. El congreso votará varias peticiones para que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria

El Congreso de los Diputados debatirá y votará varias propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación en las que se pide que la devolución de la vivienda sea suficiente para saldar la totalidad de la deuda hipotecaria.
CiU ha presentado una propuesta sobre vivienda en la que propone, entre otras cosas, incentivos fiscales que fomenten la resolución de los impagos hipotecarios a través de la dación de la vivienda para la cancelación total de la deuda, y con la posibilidad de permanencia en la vivienda en régimen de alquiler.
Sugiere, además, que esa práctica se incorpore a las actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa de las memorias anuales de las entidades.
Propone también incrementar las cuantías de los ingresos fijadas como inembargables e incentivar a las entidades a ofrecer hipotecas en las que la obligación garantizada sea únicamente sobre el bien hipotecado.
CiU aboga por acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complemente la licitación presencial mediante licitadores que realicen sus pujas a traves de internet, en todas las subastas de bienes inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, para ampliar el número potencial de licitadores y con ello las posibilidades de que la subasta no quede desierta.
Otra de las medidas propuestas por CiU es incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado, situado hoy en el 50% en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que el inmueble puede ser adjuicado al creditor en caso de que la subasta quede desierta.
Finalmente, plantea la constitución de un fondo financiado por el Estado y gestionado por las comunidades autónomas para atender el impago temporal de las rentas del alquiler o cuotas hipotecarias de la vivienda habitual para personas en situacion de alta vulnerabilidad social, previendo la devolución de las cantidades anticipadas por el fondo una vez que los beneficiarios superen la situación de necesidad que motivó la percepción de las ayudas.
Otras formaciones políticas han presentado también medidas en ese sentido en sus propuestas de resolución. Una de las de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds propone establecer límites en la concesión de hipotecas para que el pago mensual no supere el 30% de los ingresos familiares, que el periodo de amortización no supere los 30 años y que el importe no exceda el 80% del valor de la vivienda o el 100% en caso de estar sujeta a un régimen de protección pública.
En ese mismo texto incluyen la reducción de las comisiones bancarias y la eliminación de las cláusulas abusivas, aceptando la dación en pago de la vivienda hipotecada para los deudores de buena fe si se acredita que es la residencia habitual.
También el BNG propone en una de sus resoluciones la admisión de la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria, y la regulación del proceso judicial que permita arbitrar medidas alternativas al embargo cuando el deudor haya aceptado de buena fe, tales como una moratoria de los plazos, la transformación en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda.
El PSOE ha presentado también una propuesta de resolución en la que pide al Gobierno medidas para garantizar “el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria” para evitar así el “abuso” sobre el deudor mediante el “malbaratamiento” de la vivienda.
El PSOE plasma en esa iniciativa las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para aliviar la situación de quienes no pueden pagar la hipoteca, y sobre ella buscarán un consenso básico con los demás partidos.
El PSOE incluye en su texto la necesidad de “mantener la solvencia general del sistema hipotecario español, evitando reformas indiscriminadas que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad”.
Sobre esa base, proponen “reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, garantizando que cuando la deuda no se vea liquidada por la ejecución, las condiciones de satisfacción de la misma tengan en cuenta la situación económica del deudor y su familia.
Entre las medidas para ello, incluye la elevación del límite de los ingresos inembargables en caso de ejecución hipotecaria “con carácter general”, aunque Rodríguez Zapatero propuso el 50% sobre el salario mínimo interprofesional, más el 30% adicional en caso de cada miembro sin ingresos.
Propone también potenciar el mercado de alquiler y la vivienda protegida para promover un mercado “más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, especialmente a los más desprotegidos”.