Desestimada la demanda del ex presidente de la Mutua para cobrar su pensión

  • Madrid.- El Juzgado Mercantil número 11 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por el ex presidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta para que la aseguradora le abonara una pensión de 21,1 millones de euros.

Desestimada la demanda del ex presidente de la Mutua para cobrar su pensión
Desestimada la demanda del ex presidente de la Mutua para cobrar su pensión

Madrid.- El Juzgado Mercantil número 11 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por el ex presidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta para que la aseguradora le abonara una pensión de 21,1 millones de euros.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, Ramírez Pomatta tendrá que pagar las costas judiciales y dispone de un plazo de cinco días para apelar esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Ramírez Pomatta, que presidió la aseguradora entre 2002 y 2008, fue cesado por el Consejo de Administración de la Mutua en enero de 2008, varias semanas después de haber sido hospitalizado por problemas hepáticos.

Además del cese, que al principio fue provisional, los consejeros de la Mutua también acordaron renunciar a las cantidades que pudieran corresponderles en un futuro por pensiones y "no hacer pago alguno" relacionado con el sistema de pensiones, lo que llevó al nuevo presidente de la Mutua, Ignacio Garralda, a rechazar la petición de Ramírez Pomatta de cobrar su pensión.

Durante la audiencia previa, el letrado que representa a Ramírez Pomatta sostuvo que el establecimiento del sistema de pensiones para los máximos responsables de la aseguradora fue aprobado en 2005 y reformado en 2007 sin recibir "ninguna crítica de los miembros del consejo de administración".

En la sentencia se señala que el Consejo intentó en enero de 2008 "paliar las consecuencias" de la previa reforma del plan de pensiones y renunció por carta a la percepción de estas pensiones, a la vez que se dice que "se desprende una voluntad clara y evidente" de que el Consejo "quiso dejar sin efecto todo lo reformado" al ver las cuantías de éstas "por el evidente daño que podía causar a una entidad sin ánimo de lucro".

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