La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación iniciada este martes por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, ha detenido también a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en el marco de esta operación que se desarrolla de manera simultánea en varias provincias andaluzas, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Otros detenidos son el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.
Dentro de esta operación, y según han precisado fuentes de la investigación, se ha detenido a varios ex altos cargos andaluces entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.El caso, bajo secreto parcial
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".
En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto. Relacionadas
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".El SAE
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".
En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".
Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".Ceses inmediatos
Tras conocerse las detenciones, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha decidido cesar a los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación iniciada por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la administración autonómica que investiga la juez Mercedes Alaya, aunque ha querido dejar claro que las considera personas "honestas e íntegras" y ha pedido respeto a su "presunción de inocencia".
Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Miguel Ángel Vázquez, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno en funciones tras las elecciones autonómicas del pasado domingo.
Tras señalar que el Gobierno andaluz "no conoce los detalles de la operación", sino únicamente la "información publicada en los medios de comunicación", Vázquez ha explicado que, aunque la Junta respeta la "presunción de inocencia" y está "convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras", ha decidido "apartarlos de sus funciones" porque es necesario "actuar de manera implacable".
El portavoz ha defendido que este proceder permite "acompasar el discurso a los hechos", dar "tranquilidad" a los ciudadanos y, con ello, "preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía". "Con esta decisión de actuar de forma inmediata e implacable, demostrando que decimos y hacemos, reservando el buen nombre de la institución y respetando la presunción de inocencia ponemos en evidencia lo que se hace en otras instituciones", ha defendido."Andalucía no es Madrid"
Y es que, según sus palabras, "Andalucía no es la comunidad autónoma de Madrid" ya que aquí "ni se jalean ni se mantienen los cargos públicos implicados en casos de corrupción" como, según ha recordado, el caso de la jefa de campaña de la actual candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre.
Vázquez no ha querido entrar a valorar si la juez Alaya habría esperado a que pasasen las elecciones para ordenar esta nueva operación y ha recalcado que el Gobierno andaluz no hace valoraciones sobre los tiempos de la Justicia, es ésta la que "administra sus decisiones y procedimientos". De hecho, tampoco ha querido valorar la supuesta unidad de intereses entre la Junta y el PSOE en la causa de los cursos a la que apunta la juez y ha recalcado su "respeto" y "colaboración" con los procedimientos judiciales abiertos.Chaves y Griñán corresponden al PSOE
Preguntado por si la decisión de apartar a los dos altos cargos supone un agravio si se compara con la continuidad de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en sus escaños en Congreso y Senado, Vázquez ha dicho que él responde por los asuntos que competen a la Junta y que "corresponden a otros ámbitos, instituciones o partidos, en este caso a la dirección del PSOE, valorar o hacer comentarios sobre ellos".
En otro orden de cosas, Vazquez ha insistido en la presunción de inocencia de todos los detenidos este martes y ha hecho énfasis en los dos cargos a los que el Consejo de Gobierno ha apartado admitiendo que "puede que esta decisión sea considerada a la postre injusta" porque el derecho a la presunción de inocencia es un derecho consagrado por la Constitución pero el Gobierno andaluz da "ejemplo" y respuesta a la ciudadanía, que exige "no solo palabras sino hechos".
"No podemos estar diciendo una cosa y haciendo la contraria; solo de esa forma conseguiremos recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", ha ahondado. Por otro lado, sobre la posición de la Junta ante los informes de la Intervención General que determinaban el menoscabo de fondos públicos, ha dicho que la Administración regional ha seguido "de manera escrupulosa" las indicaciones que marcaban los distintos informes.Comisión de investigación
Por último, sobre la creación de un futura comisión de investigación sobre los cursos de formación una vez constituido el nuevo Parlamento, algo que han demandado varios partidos, ha dicho que este asunto está en el ámbito judicial, en el que la Junta "está colaborando", además de personada en la causa. En cualquier caso, ha apelado a la "autonomía de las diferentes fuerzas políticas" en el Parlamento para tomar sus propias decisiones o reivindicaciones y ha añadido que el Gobierno va a seguir haciendo "lo mismo que ha hecho hasta ahora", que es "colaborar y defender que el dinero público se destine al fin que estaba previsto".
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