Dimite el presidente de Volkswagen, que se prepara para demandas millonarias

El presidente ejecutivo del Grupo Volkswagen, Martin Winterkorn,anunció este miércoles su dimisión después de que se destapara el escándalo de la manipulación de los vehículos de la compañía de manera que pudieran pasar los test de emisiones. Winterkorn abandona la empresa después de que perdieran más de 25.000 millones de euros en bolsa en los últimos días. "Volkswagen necesita renovarse, también en términos de personal. Estoy dispuesto a abrir el camino de la renovación con mi renuncia", explicó el ya ex presidente.

La presión ha podido con Winterkorn después de que la opinión pública lanzara a los gobiernos a pedir explicaciones a la compañía por el trucaje de coches. Volkswagen ya empieza a prepararse para tiempos difíciles y ha reservado una partida de 6.500 millones de euros para pagar posibles indemnizaciones a sus usuarios que podrían llegar hasta los 33.661 euros por vehículo, según informó 'Antena 3'.

De hecho, la compañía alemana ya ha recibido su primera denuncia e Estados Unidos de un usuario por publicidad engañosa. El dueño del automóvil asegura sentirse engañado por la campaña de la multinacional sobre el diésel limpio.Alemania emprende acciones legales

Aunque los clientes no son los únicos que exigen una respuesta por parte de Volkswagen. La justicia alemana abrió este miércoles una investigación penal preliminar sobre los motores diésel trucados de Volkswagen, según informa AFP. "La fiscalía de Brunswick evalúa iniciar un proceso contra los responsables de la gerencia" de la firma, precisó un comunicado emitido por el organismo. Las pesquisas buscará en un primer momento "recoger y examinar todas las informaciones" del fraude del fabricante en el marco de este escándalo que estalló el viernes pasado en Estados Unidos.

La firma sabe que se encuentra en la cuerda floja y se prepara para capear. El periódico británico 'The Guardian' informó este miércoles que la empresa había contratado a los mismos abogados que la petrolera BP fichó para defenderles del escándalo de los vertidos en el Golfo de México, el bufete 'Kirkland & Ellis'.Las asociaciones de consumidores españolas, indignadas

En España, la asociación de consumidores FACUA le exige al Gobierno una investigación de todo el sector automovilístico que compruebe que las malas prácticas llevadas a cabo por Volkswagen no se producen en otras compañías. La organización se muestra indignada de la actitud del Ejecutivo y arremete contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, por haber afirmado estos días que no tenía "ninguna noticia de problemas" en la homologación de los coches de esta marca.

FACUA tachó esta actitud de "servilismo ante los intereses de la multinacional alemana" y acusa al ministro de preocuparse únicamente de que el escándalo "no afecte a las importantes inversiones" que el fabricante había anunciado en España. Declaraciones que la organización tacha de "propias de una república bananera".

Sin embargo en la tarde del miércoles, el ministro envió una carta al vicepresidente mundial de Volkswagen, Francisco García Sanz, para solicitar al grupo industrial que suministre "lo antes posible" toda la información necesaria para determinar el alcance del problema en España. Soria ha instado a Volkswagen a que remita "cuanto antes el detalle pormenorizado" sobre cuál es la situación y que presente todas las acciones que van a llevar a cabo para solucionar el problema que se ha creado. Asimismo, ha solicitado información en términos concretos sobre cuántos vehículos de los 11 millones afectados han podido ser vendidos en el mercado español.Los consumidores están en su derecho de reclamar

El portavoz de la asociación, Ruben Sánchez, aclaró a este periódico que un consumidor podría reclamar a la compañía por haberle vendido un vehículo que no cumplía con las prestaciones que prometían. "Se trata de publicidad engañosa", explica, y por tanto, tienen derecho a protestar a Volskwagen y exigirles una indemninación económica e incluso la reestitución del coche. La asociación se encuentra en estos momentos estudiando de qué manera los "usuarios engañados" pueden acercarse a reclamar aunque Sánchez se lamenta de que no haya sido el propio Gobierno el que haya salido en defensa de los consumidores.

La OCU, por su parte, recuerda que aún quedan algunas implicaciones económicas por resolver como quién pagará el incremento del impuesto de matriculación de los vehículos afectados al cambiar su categoría de eficiencia o qué pasará si el coche fue comprado con una ayuda por sus características poco contaminantes.

La organización advierte que el consumidor no puede hacerse cargo de ninguno de estos hipotéticos gastos, que debería correr a cuenta de Volkswagen, "quien hace la trampa, paga", avisan. Además, la OCU lanza una serie de recomendaciones para los usuarios de utilitarios afectados por la estafa de la multinacional que, según anunció la propia Volkswagen, llamará uno a uno a los conductores de los coches manipulados."Con un perdón no basta"

La OCU avisa de que "con un perdón no basta" y de que si ofrecen la oportunidad de llevar el vehículo al taller para realizar cualquier tipo de revisión tienes unos derechos que puedes exigir. Por ejemplo, si quedaran con el coche durante unas horas el dueño podrá exigir otro automóvil de sustitución, tampoco podrán cobrar "ni un sólo euro" y jamás podrán reducir la potencia del coche.

Sánchez pide además, que todos los estados miembros así como la comisión europea abran un expediente para imponer sanciones a "esta estafa", lo cual podría traducirse en multas millonarias hacia la compañía que provocarían caídas mucho mayores de las que ya ha sufrido, "en un país que funcionara bien ya se habrían anunciado medidas", espeta.

Desde la organización reclama que el Gobierne cree una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados "para que los grupos parlamentarios reciban con total transparencia los resultados de las investigaciones y evalúen las medidas que deben efectuarse al respecto". Además, FACUA exige que en caso de demostrarse nuevos casos de fraude en la industria automovilística de España se les apliquen sanciones económicas y se mejore "la legislación en materia de homologación de vehículos".