El gobernador de Puerto Rico y un alto funcionario del departamento del Tesoro alertaron ante la Comisión de Recursos Naturales del Senado que el territorio de Puerto Rico debería tener la posibilidad de protegerse legalmente de una quiebra y reescalonar su deuda.
Puerto Rico "está en el medio de una crisis económica y fiscal y, sin una acción federal, la situación podría convertirse también en una crisis humanitaria", dijo Antonio Weiss, consejero del departamento del Tesoro.
Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo al panel de senadores que su gobierno podrá quedarse sin dinero para honrar sus compromisos "antes del fin de año".
De acuerdo con García Padilla, "inevitablemente tendremos que elegir entre pagar a nuestros acreedores en tiempo o proporcionar servicios gubernamentales esenciales a los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses" que viven en la isla.
Los dramáticos pedidos fueron formulados después que la Casa Blanca lanzara propuestas para ayudar a Puerto Rico a resolver sus deudas de 73.000 millones de dólares, que llevaron a la isla a ser llamada la "Grecia de América".
Puerto Rico ha estado en recesión por aproximadamente un década, y el declive promovió un verdadero éxodo de ciudadanos hacia el continente, hundiendo aún más la economía local.
La propuesta fundamental es permitir que el país pueda solicitar protección de quiebras, forzando a sus acreedores a negociar conjuntamente la reesructuración de la deuda, en un proceso que podría incluir una reducción de la misma.
Como los estados de Estados Unidos, Puerto Rico no puede buscar protección contra quiebras.
Sin embargo, durante años emitió enormes cantidades de títulos municipales como las ciudades estadounidenses, que sí pueden solicitar la protección.
El gobierno también propone que el Congreso autorice una supervisión financiera independiente que garantice que el territorio implemente las reformas necesarias.
Este jueves, Weiss destacó que la solución de los problemas de Puerto Rico comienzan en el Congreso, y destacó que no se trata de un "rescate" de la deuda sino de reformas de la estructura financiera.
"Continuamos profundamente comprometidos a hacer todo lo que podamos para ayudar, pero la acción del Congreso es fundamental para evitar una profundización de la crisis y poner la economía de Puerto Rico en el camino a un desarrollo que sea sostenible", dijo.
A su vez, García Padilla indicó que la isla tiene una carencia de fondos estimada en 28.000 millones de dólares para los próximos cinco años, y que inclusive un plan de reformas se concentraría en apenas la mitad de ese total.
Por ello, añadió el gobernador, es necesaria un "substancial alivio de la deuda".
"Cuando estamos frente a la perspectiva de pagar obligaciones de deuda o pagar servicios públicos esenciales, Puerto Rico no tendrá otra salida que el default. Nadie quiere esto, pero es la realidad, y las consecuencias serán graves", comentó.
En la última década, más de 300.000 personas abandonaron la isla en medio al hundimiento generalizado de su economía.
Los 3,5 millones de puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en elecciones presidenciales en caso de que residan en la isla, y no tienen ningún representante en el Congreso en Washington más allá de un observador.
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