Madrid, 1 oct.- El Gobierno estima que el ahorro anual para el consumo de las familias de la ley que desvinculará los precios y servicios públicos del Índice de Precios al Consumo (IPC) a partir de 2014 será de unos 700 millones de euros en un escenario de inflación del 2 %, máximo permitido por el Banco Central Europeo.
Además, según fuentes del Ministerio de Economía, la Ley Desindexación, por la que se vincula la subida de precios a los costes específicos, no al IPC, tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento económico y el empleo.
De este modo, en escenarios de crecimiento económico calculan una subida del PIB del 0,41 %, en tanto que ayudará a que la tasa de empleo se eleve un 1,05 % el primer año de aplicación,
En casos de recesión se espera que amortigüe de manera equivalente las caídas del PIB y del empleo.
La nueva Ley se aplicará a todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) y tendrá un amplio efecto en las economías familiares, ya que se estima que los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7 % del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5 % del PIB.
El anteproyecto de ley de desindexación, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, supondrá además la creación del llamado índice de ganancia de competitividad que tendrá un suelo del 0 % y un techo del 2 % y que será publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de forma paralela al IPC.
Será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión, pero no la hubieran especificado y en otros casos muy limitados.
La fórmula tiene en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida desde que se estableció el cambio entre peseta y euro en 1999.
La esperanza del Gobierno, según fuentes del Ministerio de Economía, es que este índice, que este año sería de cero, sustituya al IPC como referencia de subida automática en contratos como los de alquiler, aunque esto formará parte de la negociación entre inquilino y propietario.
En cuanto a los precios regulados (subvenciones de determinados organismos, electricidad, gas, butano, peajes, cuotas de acceso al servicio universal de telefonía, transporte ferroviario o rutas aéreas de servicio público a Canarias y Baleares, entre otras) cada subida de precios se determinará en función de los costes.
Es decir, los incrementos dejan de ser automáticos y vinculados al IPC para pasar a estar determinados por estos costes y una multiplicidad de índices, y aprobados por la comisión delegada de asuntos económicos, o en su caso por las administraciones correspondientes.
En el caso de los contratos ya firmados con empresas privadas se establece un periodo transitorio de seis meses para reformular el mecanismo de actualización de los mismos, dándose la oportunidad a la empresa de desistir del contrato.
Esta experiencia no es ajena a la práctica administrativa actual, según las fuentes de Economía.
En la zona euro hay aproximaciones parciales a esta experiencia, aunque España será la primera que aplique este mecanismo a todos los precios públicos, al margen de las pensiones y salarios, que quedan excluidos.
La idea es que España siga recuperando la competitividad perdida, descartar efectos de segunda ronda y una mayor equidad en la carga del ajuste, sin que se persiga específicamente un objetivo presupuestario, sino estructural.
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