Torrelavega.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega ha llamado a declarar como imputado por un delito contra la ordenación del territorio al alcalde de Reocín, Germán Fernández, (PSOE), y a los ediles socialistas y del PRC que en 2005 autorizaron la construcción de más viviendas de las permitidas en una finca de Villapresente.
En una resolución, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado ha citado a los siete ediles que votaron a favor del estudio de detalle que autorizaba la construcción, que deberán comparecer en el Juzgado a partir del 22 de febrero, a fin de proseguir unas actuaciones iniciadas la pasada legislatura.
La citación para declarar se produce semanas después de la que la Fiscalía denunciase al alcalde y los ediles por un posible delito de prevaricación, además de advertir de que la arquitecta y el secretario municipal pudieron haber cometido un delito de contra la ordenación del territorio en su actuación como técnicos en el mismo caso.
Estas actuaciones tienen su origen en una instrucción de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el pleito que mantiene un vecino de Reocín contra el Ayuntamiento y la promotora de las viviendas, vecino que es colindante con el terreno donde se pretenden levantar las casas.
El contencioso arranca en 2003 cuando una promotora inmobiliaria adquiere la finca objeto de la polémica y presenta un proyecto para construir 75 viviendas, proyecto que es impugnado por el vecino colindante, al entender que, según la superficie de la parcela, la densidad edificatoria máxima es de 68 viviendas.
En los meses posteriores, los representantes de la promotora presentan en el Ayuntamiento hasta tres mediciones diferentes, todas ellas al alza, de la superficie de la parcela donde se pretende realizar la construcción de las viviendas, mediaciones que son impugnadas de forma sucesiva por el vecino colindante.
La última medición realizada por la promotora aumenta el área de la finca en más de 1.700 metros cuadrados sobre la que consta en los archivos e, incluso, llega a inscribir la misma en el Registro de Propiedad justificando la mayor superficie como "exceso de cabida".
Los discrepancias sobre la superficie de la finca continuaron durante varios meses, hasta que en un momento de este contencioso se pidió a un perito judicial que realizase una medición de la finca, estudio que arrojó incluso menos superficie que los informes realizados por técnicos contratados por el propio vecino colindante.
Además, el pleno municipal aprobó en abril de 2005 un dictamen que establecía unas mediciones de la finca superiores incluso a un dictamen anterior, mediciones realizadas por la promotora y que contaron con el visto bueno de los técnicos municipales y que elevaban a 80 el número de viviendas a construir en la parcela.
En su valoración del asunto, la Fiscalía afirma que la actuación municipal supone "una vulneración de las Normas Subsidiarias" y critica que el Ayuntamiento ignorara el problema -las discrepancias sobre la superficie de la finca- y diera por buena la medición efectuada por la promotora para tramitar el proyecto.
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