El campo andaluz se rebela: la PAC deja 50.000 explotaciones al borde del caos

En siete años, hasta 2027, España, los agricultores españoles, recibirán 34.124 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, 4.880 millones por año. Una cantidad muy similar a la recibida hasta ahora. Pero el reparto dibujado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que terminará de definir este próximo 21 de octubre, ha soliviantado a una parte del campo español, especialmente el andaluz, que supone el 30% de la agricultura española, y que según sus agricultores, y por sus especiales características, perdería 180 millones de euros anuales y pondría en peligro más de 50.000 explotaciones.

"Yo no quiero subvenciones", confiesa a La Información un agricultor jiennense con 50 hectáreas de olivar de regadío. "Yo quiero precios justos para el aceite que produzco y que pueda vivir sin ayudas, pero si debe de haberlas, que sean justas, no como las que quiere implantar el ministro Planas con la nueva PAC, que hacen inviable mi explotación", confiesa. "Yo he invertido 8.000 euros por hectárea para tener un regadío eficiente y ahora con el nuevo reparto de la PAC que ha pergeñado el ministro perderé entre 6.000 y 7.000 euros de ayudas, más los 6.000 euros que pago más de luz..." Juan Luis cuenta además que, "ahora los precios del aceite en origen han subido y son mejores, pero con los que hemos tenido en los cuatro o cinco años anteriores, con el kilo de virgen extra por debajo de 2 euros, el olivar era una ruina y totalmente inviable, con o sin PAC, con subvenciones o sin subvenciones". 

Ramón, un cerealista sevillano de 57 años con una plantación de secano de 100 hectáreas y que, como Juan Luis, es miembro de COAG, cuenta que "hasta ahora recibía entre 18.000 y 19.000 euros de la PAC y con el nuevo reparto apenas llegaré a 13.000. Si a ello le unimos el precio de los fertilizantes, las semillas... Mi explotación es inviable". Ramón, que también insiste en que, "nosotros no queremos subvenciones, lo que reclamamos es un precio justo para nuestras producciones", no concluye que deberá cerrar su explotación, pero "sí que nos lo ponen muy, muy difícil".

Según un estudio realizado por COAG, un ganadero de caprino de Vélez Málaga, sin base territorial, con 400 cabras, cobra actualmente de la PAC 35,75 euros por animal. En total, 14.300 euros. Con la reforma de Planas en 2023 percibirá, únicamente, 7,715 euros por cabra. En conjunto, 3.086 euros por mantener todo su rebaño de 400 cabezas. "Es inviable y menos a los precios actuales de la leche. Con esa situación, ¿cuál será el destino inevitable del rebaño? El matadero".

Los agricultores andaluces, bajo la llamada de las principales organizaciones profesionales, UPA, ASAJA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, y apoyados por la Junta de Andalucía presidida por el PP, salieron otra vez a la calle con sus tractores esta semana en Sevilla en un último intento de parar una PAC que consideran que es muy lesiva para Andalucía, a tan solo unos días de que el 21 de octubre se celebra en Madrid la conferencia sectorial de agricultura definitiva entre el gobierno y las CCAA. "Luchamos para que Andalucía se sienta reconocida en el Plan Estratégico Nacional y se considere el peso del campo andaluz en el conjunto nacional", ha asegurado por su parte Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía.

Protestas sine die

Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, pregunta al ministro Planas si "trabaja para los agricultores o para los mercados financieros". En este sentido, explica en conversación con La Información, que "con la distribución en 20 regiones productivas seguimos perdiendo, afectando al tejido más productivo y más profesional y que más inversiones tiene”. López critica los ecoesquemas, ya que "del presupuesto de la ayuda verde que veníamos recibiendo nos van a deducir un 25%, y no va a ir aplicado a amortiguar el lucro cesante que vamos a tener. Nos quitan ese 25% y abren la veda para que en lugar de los 19,5 millones de hectáreas actuales con derecho a ayudas, entren hasta 30 millones de hectáreas que no han sido productivas". Es "una llamada a los mercados financieros y a la especulación" y ésta "no es una reforma de la PAC para fijar la actividad al campo ni la población al territorio, ni para garantizar empleo ni traer bienestar social. Se nos está expulsando de la actividad agraria en favor de los grandes fondos de inversión", sentencia.

Según los agricultores andaluces, el Ministerio de Agricultura está diseñando un modelo productivo a través del Plan Estratégico Nacional de la PAC "que no refleja el potencial productivo del campo andaluz", ya que "no puede olvidarse" que una parte muy importante del presupuesto para la PAC en España es fruto del trabajo de los agricultores y los ganaderos andaluces y, por tanto, en clara respuesta a su relevancia agraria en el conjunto de España. Por este motivo, el sector agrario insiste en que, si el Plan Estratégico Nacional no reconoce la situación estratégica de Andalucía, los agricultores y los ganaderos andaluces se manifestarán sine die.

La última propuesta del Ministerio de Agricultura establece un máximo de 20 regiones agrícolas en España, frente a las 56 actuales, lo que penaliza la diversidad productiva de Andalucía. Si bien el panorama planteado en los primeros borradores era menos halagüeño para la comunidad, una vez conocido el planteamiento de la distribución comarcal de cada una de ellas, así como los importes medios, las organizaciones representativas del sector agrario andaluz exigen cambios sustanciales para conseguir el necesario equilibrio territorial y productivo, minimizando el impacto real y “las pérdidas que de estas nuevas regiones se derivarían para miles de agricultores y ganaderos andaluces”.

Asimismo, las organizaciones representativas del sector agrario andaluz mantienen que las ayudas directas deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria real y efectiva. El Plan Estratégico Nacional no debe introducir criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades económicas, pero para los que la actividad agraria supone un complemento de renta.

Las nuevas estrategias medioambientales de la Comisión Europea -’De la granja a la mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’-, "tal y como reconocen los propios informes de la Comisión Europea y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos", van a dar lugar a "descensos considerables de la producción, al aumento de costes, a la pérdida de competitividad y en definitiva al empobrecimiento del sector productivo". Por lo que el sector agrario andaluz exige la oposición frontal del Ministerio de Agricultura a estas iniciativas políticas.