El congreso aprueba la reforma financiera de mayo

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados dio luz verde este martes, con competencia legislativa plena, al proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
El informe de la comisión, que recoge el conjunto de la norma, recibió el voto favorable del PP y CiU. PSOE, UPyD, La Izquierda Plural y Grupo Mixto votaron en contra. En concreto, el texto recibió 24 votos a favor y 17 en contra.
Al texto se habían presentado un total de 67 enmiendas del conjunto de los grupos, y desde las filas del PP justificaron el rechazo a la mayoría de las presentadas por la oposición a que las propuestas aparecen en regulaciones posteriores.
Esta norma procede del segundo real decreto relacionado con el sistema financiero del Gobierno, aprobado el pasado mes de mayo, con el que se obligaba a la banca a provisionar 30.000 millones adicionales.
Con anterioridad, en febrero, el Consejo de Ministros impulsó un real decreto de saneamiento del sector financiero, que exigía a las entidades financieras provisiones por valor de 50.000 millones para hacer frente a activos inmobiliarios problemáticos.
A estas dos normas hay que sumar un último decreto, que ya fue convalidado por el Congreso, con el que se desarrolla el memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) firmado con la Unión Europea para recibir la ayuda de hasta 100.000 millones para los bancos y en el que se regula el “esqueleto” del banco malo.
CRÍTICAS OPOSICIÓN
El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Valeriano Gómez, subrayó durante el debate que algunos aspectos que recoge esta norma “han sido enmendados de manera importante” en la última reforma, y puso como ejemplo lo que se refiere al banco malo.
Gómez indicó que su grupo “no puede más que votar en contra” al dictamen de la comisión ya que entre otras cosas no soluciona alguno de los principales problemas actuales, entre los que se encuentra el caso de las participaciones preferentes en manos de particulares.
Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre insistió en que la norma que se analizaba “ha quedado sobrepasado por otro real decreto” y reclamó que los ahorradores que confiaron en las preferentes recuperen, al menos, su inversión inicial.
Mientras, Álvaro Anchuelo de UPyD destacó la necesidad que de que los hechos graves que se han producido en la gestión de algunas entidades no pueden acabar en “impunidad”, pidió que se compruebe si se logra el objetivo de reactivar el crédito y se cuantifique de manera realista el coste público de las ayudas a la banca.
Desde La Izquierda Plural, Caridad García lamentó el rechazo del PP a todas sus enmiendas, ya que consideró son “sensatas” y se han planteado pensando en lo mejor para los ciudadanos. La diputada del BNG Olaia Fernández aseguró que este texto está “ya obsoleto”.
En respuesta a los grupos de la oposición, la diputada popular Irene Garrido defendió que las tres normas aprobadas por el Gobierno son los “pilares fundamentales sobre los que se asienta la reestructuración del sistema financiero”, que permitirá un “completo saneamiento del mismo” para conseguir el “objetivo fundamental de crecimiento económico y creación de empleo”.