El contrato austríaco pone en jaque la supervivencia del Fogasa

"El Fogasa podría ser el germen de esta fórmula de futuro". Con estas palabras intentaba explicar un empresario la postura de la patronal respecto al papel que podría jugar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en la reforma del mercado laboral. Sobre todo, en las negociaciones que se están llevando a cabo para importar a España el denominado contrato austríaco.

Este tipo de contrato elimina la indemnización por despido y, a cambio,crea un fondo personal para cada trabajador, que se financia con retenciones sobre su salario bruto, como se hace para costear la Seguridad Social. En caso de despido, el empleado puede hacer uso de este dinero, que también complementa la pensión pública cuando se jubila.

Actualmente, el Fogasa se financia con el 0,2% de las cotizaciones del coste salarial que las empresas pagan por cada trabajador. Con el contrato austríaco, esta cantidad podría pasar a engordar el fondo personal de cada trabajador, y se conseguiría contentar en una parte a los empresarios, que sólo están dispuestos a respaldar el nuevo modelo si les rebajan las cotizaciones que pagan actualmente, nunca asumiendo otras nuevas.

Con este esquema, se conseguiría eliminar la del Fogasa, que pasaría a engodar la bolsa de ahorro personal de cada trabajador. Pero, al mismo tiempo, se estaría abriendo la puerta al principio del fin del Fogasa, ya que algunas partes apuntan que carece de sentido continuar con la bolsa común para posibles cierres y liquidaciones de empresas, porque, llegados a este punto, cada persona contaría con su propia cuenta.

"Hay muchas ideas sobre la mesa y algunas de ellas afectan al Fogasa", añade otra fuente próxima a las negociaciones, que también reconoce que se ha planteado la posibilidad de utilizar el superávit de este fondo para financiar el aporte inicial de la bolsa de dinero que necesitará el contrato austríaco.

No obstante, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha apuntado que esa inyección inicial, cifrada en torno a 3.000 o 4.000 millones, podría proceder tambien del ahorro que conseguirá el Estado al eliminar las bonificaciones a la contratación.

El Ejecutivo también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Fogasa cubra el 40% del coste de los despidos procedentes en las contrataciones que se realicen ahora para impulsar el empleo.