El decreto de emergencia fiscal permitirá importantes recortes en Puerto Rico

San Juan, 18 jun.- Puerto Rico está desde hoy oficialmente en emergencia fiscal, después de que el Gobierno aprobara el martes por la noche una "Ley de Sostenibilidad" que implica todo tipo de ajustes encaminados a atajar la crisis fiscal que vive la isla y que ha puesto en pie de guerra a varios sindicatos de empresas públicas.

El controvertido texto que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, convirtió en ley con su firma, impone medidas para que, por primera vez en más de dos décadas, la Administración sea capaz de gastar lo mismo que ingresa durante el próximo ejercicio fiscal, que comienza el mes que viene.

El Ejecutivo había presentado un presupuesto recomendado de 9.640 millones de dólares para el próximo año fiscal -del 1 de julio al 30 de junio- y si quiere financiarlo con recursos propios va a tener que ajustarse enormemente en cinturón, con esfuerzos en prácticamente todos los estamentos públicos.

El Gobierno justifica la nueva ley ante la imposibilidad de seguir endeudándose una vez que las agencias de calificación de crédito degradaran el pasado invierno a nivel de "chatarra" o "basura" la deuda del Estado Libre Asociado, lo que hace muy costoso acudir a los mercados, tal y como ha hecho en exceso en los últimos años.

La ley, apuntan desde el Ejecutivo, trata de poner en marcha una política pública que ataje el déficit y mejore la situación financiera de las empresas estatales, sin recurrir al despido masivo de empleados del sector público.

El gobernador Alejandro García Padilla, en el cargo desde enero de 2013, señaló al firmar la norma que con la nueva ley se adopta un plan "para manejar las consecuencias de la degradación del crédito y establecer una gerencia estructurada que permita cumplir con los compromisos del país".

La nueva ley exige que todas las entidades estatales congelen cualquier reclutamiento de personal y aumento de salarios, además de reducirse en al menos un 20 % los salarios de los puestos de confianza.

Además de reducirse la cuantía de las pagas de verano y Navidad, se prohíbe incurrir en gastos extraordinarios y se congela la renegociación de los convenios colectivos hasta que la deuda vuelva a estar en el grado de inversión, se prevea volver al crecimiento económico, de al menos un 1,5 %, o se cierre un ejercicio fiscal sin haber incurrido en déficit.

Aunque el Gobierno dice haber llegado a acuerdos con sindicatos representantes del 70 & de los empleados público, lo que alejaría la posibilidad de una huelga general, la normativa cuenta con la oposición frontal de los sindicatos con representación en las dos empresas más importantes de la isla.

La Unión Independiente Auténtica (UIA), que agrupa a trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que representa a empleados en la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), amenazan con convocar una huelga, aunque no terminan de convocarla.

Un de los líderes sindicales incluso animó hoy a la población a no pagar las facturas de luz y agua, algo que ha obligado a salir al paso a los directivos de esas dos compañías estatales, que monopolizan sus respectivos mercados, para asegurar de forma pública que el suministro está garantizado y que no se deben temer los efectos de una posible huelga.

Aunque los dos sindicatos, a los que se suman algunas asociaciones de maestros del sector público y otras agrupaciones más minoritarias de trabajadores de empresas estatales, han advertido de que el descontento por la aprobación salpicará a toda la sociedad, de momento sus protestas no se están viendo secundadas por un apoyo social generalizado.

El gobernador firmó la nueva ley en horas de la noche y el mismo día que acudía con su plana mayor a un encuentro empresarial organizado por el diario español El País en el que los representantes del Ejecutivo insistieron en presentar a Puerto Rico como un territorio con un régimen de tributación para empresas foránea cercano a un paraíso fiscal.

Durante su intervención, y aunque se refirió a algunas de las dificultades que afronta la isla, el gobernador en ningún momento hizo alusión a la inminente declaración de emergencia fiscal que preparaba.

Una vez firmada la ley, la atención se centra ahora en hacer los últimos malabarismos para cuadrar fiscalmente el ejercicio que está a punto de cerrarse.

Además, se quieren poner las bases para conseguir el anhelado equilibrio que el Ejecutivo presenta como garantía para la recuperación de una economía con más de siete años en caída libre, un desempleo que ronda el 15 % y una deuda de más de 73.000 millones de dólares que algunos economistas locales dicen habrá que renegociar.