El defensor del pueblo pide a hacienda que dé la asistencia adecuada tras obligar a declarar el iva vía telemática

El Defensor del Pueblo afirma que la Agencia Tributaria no está prestando la asistencia debida a los contribuyentes después de hacer obligatorio que se presente sólo por vía telemática las declaraciones del IVA.
Así lo denuncia esta institución en su informe anual de 2014, en el que apunta que de las quejas que se siguen recibiendo sobre esta cuestión se desprende que no todos los contribuyentes están recibiendo el asesoramiento y la ayuda que necesitan, porque hay oficinas de la Agencia Tributaria en las que “no se está cumpliendo con ese deber de asistencia”.
En el informe se afirma que la obligación de presentar determinadas autoliquidaciones y declaraciones de naturaleza tributaria de forma telemática exclusivamente es una de las medidas que “más desconcierto” ha causado en los contribuyentes.
En este sentido, se recuerda que esta obligación no hace distinción alguna entre los sujetos pasivos, afectando tanto a personas jurídicas como a personas físicas, sin diferenciar entre empresarios o profesionales y el resto de obligados tributarios que tienen que liquidar el impuesto.
Esta medida afecta directamente a la presentación de los modelos 303 y 390 de IVA, correspondientes a la declaración trimestral y anual, a los que resultan obligados los arrendadores de locales, que en numerosas ocasiones son de avanzada edad, carecen de ordenador y de conocimientos informáticos, y se ven obligados a contratar los servicios de un gestor para cumplir con sus obligaciones fiscales, con los gastos que ello supone, explica el Defensor del Pueblo.
La institución inició una actuación de oficio con la Agencia Tributaria y la Secretaría de Estado de Hacienda, al considerar que no puede obligarse a todos los contribuyentes a presentar las autoliquidaciones y declaraciones de forma telemática, sino que deben adoptarse medidas que permitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El organismo que dirige Soledad Becerril defiende que la Administración debe facilitar todos los medios para que cada contribuyente pueda cumplir con sus deberes, sin que ello le repercuta económicamente más allá de su compromiso legal, ni le dificulte o impida el acceso a los medios por los cuales puede cumplir dichas obligaciones.
“El cumplimiento de una obligación legal, especialmente de naturaleza pecuniaria, debe ser facilitada, y no obstaculizada por la Administración, como ocurre en este caso”, agrega.