El defensor del pueblo tramitó en 2014 un récord de quejas sociales desde el inicio de la crisis

La oficina del Defensor del Pueblo gestionó el año pasado un total de 1.319 quejas individuales en materia de política social, la gran mayoría por dificultades de ciudadanos para cobrar o ver satisfecha su petición de renta mínima de inserción a través de gobiernos autonómicos, lo que supone una cifra récord desde que en 2008 comenzara la crisis económica.
Así consta en su informe anual correspondiente a 2014, presentado este jueves por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
La institución tramitó el año pasado 1.319 quejas relacionadas con la política social, por 1.195 en 2013, 880 en 2012, 1.079 en 2011, 781 en 2010, 807 en 2009 y 877 en 2008.
El 65,47% de las quejas gestionadas en este ámbito se refieren a situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión, específicamente a las rentas mínimas de inserción, seguidas de la dependencia (12%), menores y familia (9%) y personas mayores (5,71%). A ello se le une que el Defensor del Pueblo inició 33 actuaciones de oficio.
Las consejerías autonómicas con competencias en servicios sociales son las administraciones con las que de forma más habitual contactó el año pasado el Defensor del Pueblo, especialmente las de Andalucía, Canarias, Castilla-La mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.
El Defensor del Pueblo señala que en 2014 hubo “un aumento considerable” de las quejas relacionadas con las prestaciones genéricamente denominadas rentas mínimas de inserción, sobre todo procedentes de la Comunidad de Madrid (más de 800 quejas). La institución detectó demoras para la resolución de solicitudes de los ciudadanos y en el pago de la renta mínima en varias autonomías.
NUTRICIÓN INFANTIL
Por otro lado, la institución lamenta que sólo cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias y Cataluña), así como Ceuta y Melilla, atendieran el pasado verano su petición de ofrecer comedores escolares en verano a niños en situación de vulnerabilidad, en tanto que la Comunidad Valenciana estableció un modelo específico de escuelas de verano, entre cuyos objetivos estaba garantizar la alimentación de los menores en situación de pobreza severa.
El resto de las administraciones rechazaron la apertura de los comedores escolares aludiendo un “posible efecto estigmatizante” que pudiera tener para los propios menores y sus familias, a lo que el Defensor del Pueblo señala que este argumento “debe considerarse”, pero es insuficiente para rechazar “de plano” los comedores escolares si las comunidades autónomas no ponen en marcha otras medidas alternativas, como llevar la comida a casa, entregar vales de comida o actuar a través de entidades sociales de gran implantación.
Las administraciones autonómicas alegaron también que habían aumentado las partidas para ayudas económicas a las familias, como las rentas mínimas o las ayudas de emergencia, pero el Defensor del Pueblo indica que se trata de medidas “ya implantadas” y que “el problema persiste”, según varios estudios.