"El director de la Agencia debe nombrarlo el Parlamento y por un mandato de 6 años"

Luis Pedroche lo dejó después de seis años para ser consejero de la CNMV, su sucesor, Juan Manuel López Carbajo, permaneció en el cargo poco más de un año hasta que fue reclamado por Elena Salgado para ser su secretario de Estado de Hacienda en la recta final de la última legislatura de Zapatero; José María Meseguer duró los seis meses que restaban de esa legislatura; Beatriz Viana aguantó año y medio hasta que el famoso caso de las fincas de la Infanta la obligo a dimitir; y al actual, Santiago Menéndez, cinco meses le han bastado para que ya se empiece a pedir su cese.

Ésta es la sucesión de nombres que han pasado por la Dirección de la Agencia Tributaria desde el año 2010, nada menos que cinco personas en algo menos de cuatro años.

Una rotación que en cualquier empresa sería interpretada como un indicio inequívoco de la inestabilidad en la institución, pero que en la Agencia se acepta con la resignación propia de la costumbre.

En opinión de la Organización de Inspectores de Hacienda todo este movimiento no sale gratis: no sólo porque transmite una imagen de clientelismo muy perjudicial para la institucion, ya que la designación de un nuevo director suele ir acompañada de ceses y nuevos nombramientos de personas más afines; sino porque tiene un coste relevante en términos de eficiencia.

Para acabar con esta perniciosa dinámica, la organización, que agrupa al 90% de los inspectores de Hacienda del Estado en ejercicio, está ultimando un documento de propuestas, que elevará en las próximas semanas al ministro de Hacienda y en el que plantean, entre otras cosas, un cambio en el mecanismo de designación del director general de la Agencia Tributaria con el objetivo de aislarlo de injerencias políticas.

La propuesta de los inspectores es que sea el Parlamento, y no el ministro de Hacienda como ha venido sucediendo hasta ahora, el que proponga el nombre del futuro director general de la Agencia Tributaria.

Entienden que, de este modo, su nombramiento adquiriría un barniz más institucional y menos político del que tiene ahora.

Los inspectores plantean, además, que la designación del director general se vincule a un mandato que podría ser de seis años para romper su alineación con el ciclo de Gobierno y reforzar así la independencia de la institución respecto del poder político.

La filosofía de fondo de la propuesta es irrefutable: "La Agencia Tributaria es el órgano encargado de aplicar el sistema impositivo, que es uno de los pilares del Estado, y cualquier duda que menoscabe la confianza de los ciudadanos tiene gran trascendencia", señalan desde la organización.

Su eventual aplicación práctica es más improbable. Los inspectores llevan reclamando este cambio más de una década y, hasta el momento, sus demandas no han encontrado eco en ninguno de las Administraciones populares o socialistas que han tenido la responsabilidad de gobernar.