Buenos Aires, 16 jul.- El Gobierno argentino aseguró hoy que "no hay posibilidades de un default promovido por un acreedor" en respuesta a fondos especulativos que demandaron al país suramericano ante tribunales estadounidenses y acusan al Ejecutivo de Cristina Fernández de sentar las bases de un cese de pagos.
"Argentina no está en default; no va a estar en default; no puede estar en default por una sencilla razón: Argentina paga, cumple con sus obligaciones", dijo hoy en rueda de prensa el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.
Capitanich afirmó que el concepto de default técnico es un "eufemismo articulado por las calificadoras de riesgo para la percepción de un seguro" y arremetió con dureza contra los fondos buitres, a los que acusó de ser unos "auténticos caraduras" y buscar beneficios del 1.600 % en seis años.
El funcionario recordó que el Ejecutivo depositó los fondos correspondientes al último vencimiento de deuda de los acreedores que aceptaron reestructurarla (92,4 %), pero el banco los mantiene congelados por orden judicial.
La orden, dictada por el juez neoyorquino Thomas Griesa, impide el desembolso a los bonistas hasta que el Gobierno argentino cumpla con el fallo judicial que le insta a pagar los 1.500 millones de dólares que reclaman los fondos especulativos demandantes (1 % de los acreedores) antes del 30 de julio.
"Los acreedores deben exigir al juez la percepción de los ingresos derivados de los pagos realizados por la República Argentina", insistió Capitanich.
En un nuevo anuncio publicado hoy en medios locales, la American Task Force Argentina (ATFA) advirtió que "el tiempo se agota" y preguntaron si Argentina estará "sentando las bases de un default".
"En vez de negociar, las autoridades argentinas pronuncian discursos donde culpan tanto a las cortes y a jueces estadounidenses como a sus acreedores por su propio apuro. Esto no constituye un comportamiento serio", acusó la ATFA, que agrupa a la mayoría de fondos buitres demandantes.
La ATFA reiteró que si Argentina negocia con los acreedores litigantes (1 %) los beneficios "podrían ser enormes" y cita como ejemplo un "alivio inmediato de la inflación", un descenso de hasta 70.000 millones de dólares en los costos de interés, ahorros anuales de hasta 825 millones para las provincias argentinas y de 2.000 millones de dólares para las empresas locales.
Desde el fallo del juez Griesa, representantes de los demandantes y del Gobierno argentino han mantenido varias reuniones con el mediador Daniel Pollack para buscar un acuerdo, por ahora sin éxito.
El próximo 30 de julio se cumplirá el plazo de gracia que, por contrato, Argentina tiene para pagar el último vencimiento adeudado a los acreedores reestructurados.
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