El Gobierno asume por decreto el control aéreo apelando al interés general

Madrid.- El Gobierno ha decidido asumir por decreto la supervisión del tráfico aéreo apelando al interés general de la ciudadanía y a la necesidad de reducir costes, y quitándosela a los controladores, que piensan acudir a los tribunales para intentar mantener una capacidad que tenían cedida desde 1999.

El ministro de Fomento, José Blanco, ha explicado que el Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo permitirá garantizar la seguridad, la continuidad y la eficiencia del servicio de tránsito aéreo, cuyo control vuelve a depender del gestor aeroportuario AENA, al tiempo que liberalizará esta actividad abriéndola a los controladores con licencia de otros países europeos.

Dentro del sector turístico la iniciativa del Ejecutivo ha sido bien acogida, ya que consideran que los elevados costes salariales de los controladores son los que restan competitividad al servicio de tráfico aéreo español, que cuenta con las tasas más altas de la Unión Europea.

Según Blanco, el sobrecoste del servicio es consecuencia de la gran cantidad de horas extraordinarias realizadas por los controladores, que a partir de ahora se limitan a 80 al año, frente a las 600 actuales, al tiempo que se amplía de 1.200 a 1.750 horas la jornada anual efectiva.

Hasta ahora los controladores tenían una jornada efectiva de 11 horas semanales en turno de día y de 7 horas en turno de noche, y tras la aprobación del nuevo decreto las jornadas pasan a ser de 18 horas efectivas a la semana en turno de día y de 12 horas en turno de noche.

La intención de Fomento es que la retribución media anual de un controlador baje de los 350.000 euros a 200.000 euros, y que todavía sería muy superior a lo que cobra uno alemán (158.000 euros), francés (110.000 euros) o británico (70.000 euros).

Durante el 2008 el salario medio ordinario fue de 170.000 euros, lo que supone que el resto, es decir 180.000 euros corresponden a las horas fuera de convenio que Fomento ha considerado "ilegales" y que se deben, según AENA, a la "presión" de los propios controladores.

Con estas cifras, el salario pagado por AENA a estos trabajadores públicos representa un sobre coste de 360 millones de euros durante el 2008.

A este respecto, Blanco hizo hincapié en que "no es tolerable" que empleados públicos estén cobrando sueldos millonarios cuando desde el Gobierno "se está pidiendo a los españoles austeridad".

El recorte salarial que se aplicará a los controladores posibilitará, según Fomento, rebajar en al menos un 15 por ciento las tasas de navegación aérea, en tanto que se frenará el incremento del déficit de AENA, que estaba creciendo a un ritmo anual de 300 millones de euros.

A pesar de haber aprobado estos cambios de forma unilateral, Fomento seguirá negociando con los controladores un nuevo convenio que venga a sustituir el de 1999, que ya lleva cinco años caducado.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) estudia recurrir ante los tribunales el decreto del Gobierno por considerar que se entromete de manera "inaceptable" en la negociación colectiva y desprecia el Estatuto de los Trabajadores, además de algunos aspectos de la Constitución.

Para el secretario de Comunicación de USCA, Rafael López, supone de hecho la instauración de un "estado de excepción laboral", que confirma la "nula" voluntad negociadora de AENA, a pesar de lo cual no tiene previsto utilizar la huelga como medida de presión.

Por el contrario, tanto la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) como la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) han expresado hoy su apoyo a la decisión del Gobierno. Para ALA se trata de una vuelta a la normalidad, ya que lo extraordinario es que la organización del trabajo estuviera en manos de un "sindicato corporativo y tan particular como USCA".

Por su parte, la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, considera que la iniciativa gubernamental revierte un "sistema anacrónico" que perjudicaba la competitividad del sector turístico español.

Aunque ya ha entrado en vigor, el decreto ley ha de ser validado por el Parlamento, cuestión en la que Blanco no espera encontrar trabas, ya que en sus contactos con los grupos políticos ha constatado un deseo "unánime" de corregir la situación actual.