El gobierno impulsa un paquete de reformas judiciales para combatir la crisis económica

El Consejo de Ministerios impulsó este viernes un paquete de reformas judiciales para combatir la crisis económica y favorecer aspectos como la concesión de créditos al consumo, la refinanciación de empresas o la modernización de los juzgados para acelerar su respuesta a los ciudadanos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que las reformas judiciales formaban parte ya de la Ley de Economía Sostenible, puesto que el Ejecutivo considera necesarios estos cambios para ayudar a superar la crisis económica.
Por este motivo, Caamaño indicó que su departamento había llevado este viernes al Consejo la aprobación de un proyecto de ley y de tres anteproyectos. El proyecto legislativo es la nueva Ley de Contratos de Crédito al Consumo, mientras que los tres anteproyectos son la reforma de la Ley Concursal, medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos y la ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.
Sobre la nueva Ley de Contratos de Crédito al Consumo, Caamaño explicó que deroga la anterior ley de 1995 y supone incorporar una directiva comunitaria encaminada a armonizar disposiciones nacionales para garantizar, en lo que se refiere a los créditos al consumo, un “nivel elevado de protección a los ciudadanos de la Unión Europea”.
CLARIDAD EN LOS PRÉSTAMOS
Esta nueva ley regulará aspectos relacionados con la información básica que debe figurar en la publicidad de los contratos de consumo. En esta búsqueda de la mayor transparencia, se exigirá la explicación individualizada al consumidor para que éste pueda evaluar si el crédito se ajusta a sus necesidades y situación financiera, así como las consecuencias en caso de impago.
Además, el prestamista estará obligado a controlar individualmente la solvencia del contratante, basándose en la información facilitada por el consumidor o en la consulta en la base de datos pertinente.
Por lo que se refiere al anteproyecto de reforma de la Ley Concursal, el ministro explicó que es un texto legal que busca favorecer la refinanciación de las empresas y los acuerdos preconcursales. Asimismo, se pretende aunar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial.
Otros aspectos destacados de esta propuesta legislativa son que se permitirá dar salidas al deudor al margen del proceso concursal y descongestionar los juzgados de lo mercantil.
Además, se otorgan mayores atribuciones a los administradores concursales, exigiéndoles mayor responsabilidad, todo ello para asegurar la viabilidad empresarial o, en su caso, la solución más rápida del proceso concursal.
PROCESOS CIVILES
El ministro también explicó que el Consejo aprobó un anteproyecto de ley “con medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos”. Según el titular de Justicia, con esta reforma se introducen cambios para simplificar los procesos civiles y contenciosos.
En este sentido, se refuerza la obligación de las partes de comunicar al juzgado los cambios de domicilio con el fin de evitar dilaciones. Además, se introducen medidas para evitar supuestos de enriquecimiento injusto en las subastas de bienes, eliminando la posibilidad de que el acreedor se adjudique los inmuebles del deudor por cualquier precio.
El tercer anteproyecto aprobado por el Consejo este viernes se refiere a las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. En concreto, en esta propuesta se regula el uso de las tecnologías de la información por los ciudadanos y los profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Con esta nueva regulación se da soporte jurídico al paso definitivo de los legajos al expediente digital, de las comunicaciones por correo ordinario a las comunicaciones por correo electrónico securizado, de las autorizaciones escritas a la firma digital y del archivo físico a las bases de datos.
Por último, se refuerza la interoperabilidad entre los órganos judiciales con las máximas garantías de seguridad, a partir del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) en el que participan todas las administraciones con competencias en la materia.