Óscar Tomasi
Lisboa, 20 abr.- El Gobierno portugués respira aliviado por lograr el respaldo de la Unión Europea (UE) y de la troika tras mostrar su disposición a aprobar nuevos recortes, pero afronta ahora un reto a priori más difícil: convencer a la oposición y llegar a un consenso.
El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, y otros miembros del Ejecutivo conservador mostraron su lado más conciliador en los últimos días en busca del apoyo de otros partidos, principalmente el socialista, para acordar juntos qué medidas permitirían compensar el desfase en sus cuentas generado por el fallo del Tribunal Constitucional.
La decisión de la máxima autoridad judicial del país de anular la supresión de una paga extra a los funcionarios y el recorte del subsidio de enfermedad y desempleo -con un impacto de unos 1.300 millones de euros en el Presupuesto de 2013- ha vuelto a colocar a Portugal bajo los focos durante las dos últimas semanas.
El abierto enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Constitucional, un amago de crisis de Gobierno, el bloqueo de la ayuda financiera de la troika y la posibilidad de perder el respaldo de la UE para ver alargado el plazo del que dispone el país para devolver su rescate situaron a Portugal bajo presión.
En esta tesitura, Passos Coelho optó por dar señales que no dejaran lugar a dudas sobre su compromiso para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales y anunció que sustituirá las medidas consideradas "ilegales" por el Tribunal por recortes en educación, sanidad, empresas públicas y Seguridad Social.
De hecho, comenzó por aprobar una disposición transitoria que prohíbe cualquier pago imprevisto a las administraciones públicas, lo que ha generado problemas en diferentes sectores, aunque se prevé que sea derogada la próxima semana.
El líder conservador, considerado el más fiel seguidor de las tesis alemanas de todos los países europeos, prefirió así desoír las fuertes críticas de la oposición, los sindicatos y diferentes grupos sociales a sus políticas de austeridad.
Ahora, sin embargo, espera recabar su apoyo para compensar el fallo del Constitucional a través de nuevos ajustes después de que los representantes de la troika -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- incidieran una vez más en la importancia del consenso en el país.
Este intento de acercar posturas, que los líderes de la oposición de izquierda creen abocado al fracaso, se reflejó en el tono del debate parlamentario del viernes, sensiblemente menos crispado de lo que ha sido habitual en los últimos meses.
La oposición coincide en recalcar la "soledad" del actual Ejecutivo conservador, cuya relación con sectores tradicionalmente cercanos, como la patronal y los bancos, dista de atravesar su mejor momento.
Los empresarios y los sindicatos apoyan un aumento del salario mínimo que permita relanzar el deprimido consumo luso, mientras el sector financiero ha contestado las críticas del Gobierno en las que instaba a las entidades a estimular el crédito.
"Hoy por hoy se dan las condiciones para que los bancos contribuyan en mayor medida a financiar la economía. No dejaremos de hacer valer nuestro punto de vista, en especial con aquellos que recurrieron a fondos públicos", advirtió Passos Coelho.
Encima de la mesa de negociación entre Gobierno y oposición están recortes por valor de unos 800 millones de euros, y que afectarán a todos los servicios y todos los ministerios.
Falta ahora, sin embargo, discutir qué capítulos y en qué medida son afectados, un trabajo arduo que comenzará la próxima semana.
Los socialistas por ahora no se muestran dispuestos a dar un respiro al Ejecutivo conservador, tal y como dejó patente su líder, António José Seguro, que tras las reuniones con la troika y el primer ministro de esta semana, insistió en su total rechazo a la política de austeridad.
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