El Gobierno no tocará el sueldo de los funcionarios, pero sí de los directivos de empresas públicas

Varios miembros del Ejecutivo han venido anunciado en las últimas semanas que muchas de las actuales empresas públicas sufrirán fusiones o concentraciones para reducir el gasto público. Pero hay más. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha explicado en el Congreso que se reducirá el número de directivos y miembros de los consejos de administración de dichas sociedades y que se revisarán las retribuciones de sus altos cargos.

Estas medidas se engloban dentro del Programa de Racionalización y Reducción de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, que el Gobierno tiene previsto aprobar en las próximas semanas.

Según ha explicado Fernández de la Vega, este programa tiene tres objetivos: Primero, reducir el número de empresas públicas "mediante un proceso de fusiones y concentraciones". Segundo, rebajar "el número de sus cargos directivos y miembros de consejos de administración", y tercero, "la revisión de sus retribuciones".

"Racionalizar la administración es mejorar la eficiencia y la gestión de quienes trabajan en ella, pero es también lograr el mejor ajuste entre su tamaño y los fines que persigue, es adaptar su estructura y organización a las exigencias y necesidades actuales del servicio público", ha dicho Fernández de la Vega.

Fuentes consultadas por lainformacion.com señalan que los recortes salariales sólo se aplicaran a partir de una determinada cifra, que podría situarse en los 100.000 euros mientras que fuentes de Vicepresidencia aseguran que aún no hay nada decidido y que todo dependerá de qué empresas públicas se fusionen y cómo.

Además, el hecho de fusionar empresas públicas y reducir puestos directivos (en algunos casos para evitar duplicidades) conllevará que algunos altos cargos del cuerpo funcionarial vean reducida su categoría y, en consecuencia, su sueldo.

Respeto a la subida salarial de los funcionarios

No obstante, la vicepresidenta sí ha defendido durante su comparecencia en el Congreso, como viene haciendo en los últimos días, que el Gobierno mantendrá el acuerdo salarial firmado con los sindicatos de la Función Pública el pasado septiembre, y que recoge un aumento del 0,3%  para este año. "Claro que vamos a respetar el pacto salarial con los sindicatos. Porque este Gobierno cumple lo que firma", ha dicho De la Vega.

La vicepresidenta ha lanzado duras críticas al PP en este sentido: además de destacar que los funcionarios perdieron "algo más del 8% de su poder adquisitivo con el Gobierno del PP" debido a la congelación de los sueldos, ha señalado que los populares "dejaron a cero patatero" las nóminas de los funcionarios mientras "sí subían los sueldos de los altos cargos".

Reducir el gasto no cubriendo las jubilaciones

No obstante, el Ejecutivo confía en reducir el coste del cuerpo funcionarial reponiendo sólo a uno de cada diez trabajadores que alcancen la edad de jubilación. Así, De la Vega dijo que hay "muchas maneras" de poder aplicar el recorte del 4% en gasto de personal público que se ha fijado el Gobierno como meta y citó como ejemplo que no se cubran las vacantes de jubilación "de aquí a 2013".

Según De la Vega, el gasto de personal podría reducirse en un 5% si no se cubren las plazas vacantes por jubilación, lo que supondría un 1% más del objetivo que se ha marcado el Gobierno en este capítulo.

Se da la circunstancia de que, en los próximos tres años, un 7% de los empleados públicos llegarán a la edad de retiro, lo que facilitará el Gobierno cumplir su objetivo de reducir gastos.

Con estas medidas, el Ejecutivo confía en alcanzar el objetivo de rebajar un 4% los costes de personal de la Administración Pública, que se marcó en el Plan de Austeridad.

Se creará un Observatorio del Empleo Público

La 'número dos' del Gobierno también ha anunciado otras medidas relacionadas con la Función Pública como la creación de un Observatorio para el Empleo Público, en el que se analizarán y elaborarán propuestas para mejorar "la eficiencia y eficacia de la Administración Pública". La creación de este observatorio se aprobará en la última semana de marzo.