Madrid, 5 ene.- El Gobierno estudia limitar el uso del dinero en efectivo dentro del plan contra el fraude para 2012 con el que pretende reforzar la recaudación ante la desviación del déficit público y después de haber aumentado el impuesto sobre la renta a todos los tramos salariales.
Sin embargo, el Ejecutivo espera ingresar este año en la lucha contra el fraude 8.171 millones de euros, lo que supondrían un 21,4 % menos de lo recaudado por el mismo concepto en 2011, si bien la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha matizado que se trata de un cálculo inicial.
Junto a las directrices para el plan contra el fraude, el Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre la Seguridad Social, según el cual el sistema cerró 2011 con un déficit del 0,06 % del PIB frente al superávit previsto de cuatro décimas, y otro que propone recortar el sector público empresarial y fundacional, pero sin concretar cifras ni objetivos de ahorro.
Asimismo, el Gobierno ha conocido la intención del Ministerio de Economía de pedir explicaciones al Banco de España sobre las retribuciones de los directivos de las entidades financieras intervenidas o que han recibido ayudas públicas para "evitar que se les premie", en palabras de la vicepresidenta.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, también preparará para su aprobación antes de fin de mes un plan que refuerce el sistema financiero español, que no incluirá la creación de un "banco malo" con los activos de peor calidad de las entidades, algo descartado por la vicepresidenta.
Dentro del plan contra el fraude, que se hará público en breve, se fomentará la "autorregulación voluntaria" de los pequeños contribuyentes, para que eviten sanciones mayores si se les investiga y para que la inspección se pueda centrar en los grandes expedientes.
Además, se pretende profundizar la colaboración con las comunidades autónomas y establecer cauces permanentes de información tributaria entre el Estado y las haciendas forales (Navarra y País Vasco).
También se va a intensificar la actividad inspectora, mientras que en aquellos sectores más susceptibles de fraude se incrementarán los mecanismos de información que puedan poner en evidencia la existencia de economía sumergida, como el consumo de energía eléctrica o las terminales de tarjetas de crédito.
El informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la dimensión del sector público empresarial y fundacional será discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este mes.
La vicepresidenta ha recordado que en 2010 se acordó la eliminación en tres años de 514 entidades públicas, de las alrededor de 4.000 que existían en 2009, y hasta el momento sólo se han suprimido 69.
En la próxima reunión del CPFF se revisarán esos objetivos con los responsables autonómicos y se examinará qué entidades deben mantenerse, cuáles fusionarse para reducir costes y cuáles venderse.
Dicha reunión servirá también para empezar a negociar con las comunidades autónomas los mecanismos para reforzar el cumplimiento de los objetivos de déficit y para estudiar opciones que faciliten la refinanciación de la deuda de las comunidades que los necesiten y medidas que les permitan disponer de una mayor liquidez.
Sáenz de Santamaría ha evitado referirse a la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas deban someter sus presupuestos al control previo del Gobierno central, después de que De Guindos haya avanzado que se aprobará en marzo una ley que establecerá la supervisión de los presupuestos autonómicos antes de que se aprueben.
Al respecto, la vicepresidenta sólo ha dicho que está pendiente de elaboración la ley orgánica que desarrollará el principio de estabilidad presupuestaria introducido en la Constitución y en la que habrá techos de gasto, techos de endeudamiento, procedimientos para su cumplimiento y responsabilidades.EFECOM
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