El Gobierno Vasco insiste en que se debe cerrar Garoña lo más rápido posible

Vitoria, 17 jul.- La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha insistido hoy en que Nuclenor debe cerrar definitivamente y "lo más rápido posible" la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque "ha cumplido su ciclo de vida".

Tapia ha hecho estas declaraciones después de conocer que la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC) ha multado con 18,4 millones de euros a Nuclenor, sociedad participada al 50 % por Iberdrola y Endesa que gestiona la central, por cerrar la planta en diciembre de 2012 sin autorización.

En una entrevista con Efe, la consejera ha subrayado que, con independencia de esta multa, el Gobierno Vasco tiene una posición fijada en contra del mantenimiento de la actividad de Garoña, al considerar que está "obsoleta".

"Hay que cerrarla definitivamente y abogamos por que se haga lo más rápidamente posible. Creemos que esta central ha cumplido con su ciclo de vida y con sus expectativas. No tenemos ningún mensaje adicional", ha apuntado.

Asimismo, ha explicado que ha recogido el mandato del Parlamento Vasco, que va en la misma línea de lo que defiende el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, y ha trasladado esta postura de manera directa a Nuclenor y a las empresas que la conforman.

Nuclenor acordó el cese de explotación de la central burgalesa en diciembre de 2012, en respuesta a las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares aprobados por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica.

Desde entonces, el Ejecutivo ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Así, actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta el 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad.

El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y dos días después el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si este es negativo obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.