El hierro. El gobierno español aprueba un plan de ayudas a los afectados por el volcán


El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se impulsan medidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas en la isla de El Hierro. Son ayudas destinadas a paliar las pérdidas por el cese de la actividad pesquera, a actuaciones de regeneración ambiental y a la promoción del turismo, entre otros.
Estas medidas, en las que participan ocho departamentos ministeriales, se ponen en marcha independientemente de que, en un futuro, las especiales características del suceso puedan hacer necesaria la aplicación de las ayudas extraordinarias ante catástrofes y emergencias contempladas en el Real Decreto de 18 de marzo de 2005.
El Acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Ministros ampara situaciones no contempladas en el Real Decreto Ley, como las ayudas a tripulantes, armadores y otros afectados por la prohibición de realizar actividades pesqueras.
De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino abonará una ayuda complementaria a la concedida por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de regeneración ambiental en la isla, así como medidas destinadas a la promoción del turismo, la hostelería y las actividades deportivas, ámbitos que se han visto afectados por su relación directa con el medio marino.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de forma coordinada con la Comunidad y el Cabildo Insular de El Hierro, facilitará créditos para la realización de un plan de recuperación de confianza, imagen y mercado en la isla.
El Ministerio de Cultura también instrumentará los créditos necesarios para la conservación de bienes patrimoniales y yacimientos arqueológicos.
A través de un Real Decreto Ley se prevén también una serie de beneficios fiscales a efectos de IRPF e IVA, así como medidas laborales y de Seguridad Social.
Además, se instruye al Instituto de Crédito Oficial para que establezca una línea de préstamos por importe de hasta quince millones de euros, cantidad que podrá ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de la evaluación de los daños y de la demanda existente.

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