El juez imputa seis delitos a los tres detenidos ayer en Tarragona

Reus (Tarragona), 15 nov.- El titular del juzgado de instrucción número 3 de Reus imputa seis delitos al exrector de la URV Lluís Arola, al presidente de Morella Nuts, Joaquim Maria Barriach, y al exsecretario de Shirota, Xavier Gómez, informa hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El juez dejó anoche en libertad con cargos a los tres, detenidos ayer por la mañana por la Guardia Civil por su presunta implicación en el caso Shirota, una pieza separada y bajo secreto de sumario del caso Innova.

Los tres están imputados por los mismos delitos que todos los miembros el antiguo equipo de gobierno de Reus, que ya declararon hace meses. Es decir, prevaricación, malversación de fondos públicos y un delito societario, a los que se suman ahora, según el TSJC, falsedad documental, insolvencia punible y prevaricación.

Por otra parte, aún no ha trascendido la imputación que hace el juez a la segunda teniente de alcalde y presidenta del Grupo Salud, Teresa Gomis, que declaró ayer como imputada por el mismo caso ante la Unidad Judicial de la Guardia Civil en Tarragona.

Actualmente, Gomis es la presidenta de Tecnoparc y fue responsable de Shirota hasta su disolución.

El actual equipo de gobierno de Reus (CiU-PP) decidió disolver la empresa de investigación sanitaria Shirota tras un informe del interventor municipal que señalaba que no habría un equilibrio financiero, como mínimo, hasta el 2016.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Reus debe pagar los 3 millones de euros de aval, aun cuando este se encuentra ahora reclamado y a la espera del desarrollo del proceso judicial.

El caso de Shirota es una pieza separada del de Innova, que investiga presuntas irregularidades en el aval de 3 millones de euros concedido por el anterior equipo de gobierno (PSC-ERC-ICV-EUiA) cuando la empresa no era mayoritariamente pública, sino que estaba formada por La Morella Nuts (48 %), Innova (40 %), Tecnoparc (8 %), la URV (2 %) y el Hospital de Sant Joan (2 %).

Los responsables políticos de estas empresas y organismos ya han pasado ante el juez y están imputados.