El PP propone nuevos criterios para que los jueces validen refinanciaciones

Madrid, 8 sep.- El Partido Popular ha propuesto que se concreten los criterios para que los jueces mercantiles homologuen los acuerdos de refinanciación de deuda pactados por una empresa con una mayoría de sus acreedores, con el objetivo de garantizarse la viabilidad y evitar el concurso de acreedores.

En las enmiendas presentadas al proyecto de reforma de la Ley Concursal ante el Senado, el PP exige que esos acuerdos supongan la ampliación de, al menos, el 10 por ciento de la financiación concedida por los acreedores o bien se conceda una prórroga mínima de tres años para hacer frente a las obligaciones contraídas.

El texto aprobado por el Congreso de los Diputados es más genérico, ya que establece que los acuerdos de refinanciación deben conllevar una "ampliación significativa" del crédito disponible para la empresa, en función del criterio de un experto independiente.

El PP también plantea que se establezca un límite temporal para que la empresa alcance un acuerdo de refinanciación de deuda, que no podrá superar dos meses desde que se convocó por primera vez a los acreedores.

La regulación propuesta también contempla estrechar el control judicial sobre la negociación de la refinanciación, de modo que el juez declarará el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) si no se cumple ese límite.

Asimismo, el principal partido de la oposición exige que la empresa pague las deudas vencidas de los acreedores no contactados en un plazo de tres meses desde la comunicación del acuerdo de refinanciación.

Los acuerdos de refinanciación son una de las principales novedades del proyecto de reforma de la Ley Concursal, ya que permiten que una mayoría de acreedores (normalmente entidades financieras) puedan imponer al resto un acuerdo de refinanciación de deuda.

Esa imposición, que busca evitar que una compañía entre en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el rechazo de unos pocos a las condiciones de la refinanciación, se podrá realizar siempre que el acuerdo esté respaldado por acreedores que representen el 60 % de las deudas.

Entre las enmiendas del PP destaca también una que busca limitar las quitas y esperas que puede imponer una empresa a sus acreedores, que podrán superar los requisitos establecidos en la norma sólo cuando se trate de grandes sociedades (con más de 500 millones de cifra de negocios o más de 500 trabajadores).

Los grupos presentes en el Senado han planteado un total de 174 enmiendas al proyecto de reforma de la Ley Concursal, que se discutirán en Pleno tras la falta de acuerdo durante la reunión de la Comisión de Justicia, celebrada hoy.

A diferencia del trámite en el Congreso de los Diputados, el grupo socialista ha planteado en el Senado fundamentalmente enmiendas de mejora técnica del texto.