El presupuesto para I+D vuelve al siglo pasado

Hubo un tiempo en que los fondos destinados a I+D eran la prueba del nueve del grado de ambición del proyecto de Presupuestos de un determinado gobierno. Si la partida se incrementaba en niveles porcentuales de dos dígitos se entendía como una apuesta por la modernización, si se quedaba por debajo había que explicarlo...

España tenía un déficit de innovación y era central abordarlo para conseguir la necesaria modernización del país. Y vaya si se abordó. Entre 2000 y 2010, la I+D pública española experimentó un crecimiento en términos presupuestarios del 176%.

Para hacernos una idea de lo que esto supone, en ese mismo periodo las dotaciones presupuestarias en los cinco países más innovadores del planeta se incrementaron en un 64%.

El impulso sirvió para elevar la incidencia del presupuesto público en la I+D española del 0,4% al 0,7% del PIB (unos 3.000 millones de euros anuales más) y para incrementar su peso en el conjunto del gasto presupuestario desde el 1,4% hasta el 2,7% que llegó a alcanzar en 2008.

Las políticas de I+D resistieron bastante bien los primeros golpes de la crisis, pero desde 2012 han experimentado un violento desplome que les ha llevado de nuevo a los niveles en que se movían en el año 2000, respecto a su peso en el total del presupuesto.

En euros contantes y sonantes esta regresión se detiene en 2005. Aquel año, el primer presupuesto diseñado por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero pintó 5.018 millones de euros (de los de entonces) para I+D, este año 2014 Cristóbal Montoro ha pintado en ese partida algunos más: 5.663 millones.

En 2005 esos poco más de 5.000 millones suponían el 1,73% de todo el presupuesto, los 5.600 de Montoro suponen el 1,45%.¿Un esfuerzo baldío?

Los limitados resultados que la fortísima inversión pública en I+D ha tenido sobre el desarrollo del sector en España han llevado a los expertos a cuestionarse si semejante esfuerzo ha merecido la pena.

El esfuerzo del sector público sirvió para cerrar levemente la brecha que separaba la inversión española en investigación del estándar europeo, pero una década más tarde su desplome ha terminado agrandando esa brecha aún más.

Además, su efecto práctico tampoco parece haber sido muy potente. Pese a que las Administraciones Públicas han llegado a ejecutar, según las estadísticas, la mitad del gasto en I+D que se hacía en España, el peso de la financiación pública sobre las innovaciones puestas en marcha en las empresas siempre se ha movido en el entorno del 10%.

Según la Fundación Cotec, cuyo principal cometido es impulsar la innovación tecnológica en el ámbito de la empresa, el fenómeno tiene una doble explicación.

Por un lado se debe a la orientación eminente teórica que ha tenido la innovación salida del ámbito público. Por otro, a que la incidencia real del gasto público en I+D ha estado muy por debajo de su aparente potencia presupuestaria.

La ejecución de los programas presupuestarios de I+D ha sido más bien limitada a lo largo de los años. Unas veces por los numerosos requisitos exigidos para acceder a los fondos y otras por la falta de concurrencia de empresas, el caso es que la ejecución no ha llegado siquiera al 60% de media, con programas en los que no se ejecutaba ni una tercera parte del gasto previsto.

Como resultado, el gasto en I+D por habitante nunca ha llegado a la media europea: 405 euros frente a los 600 que constituyen la media de la UE-27.