El sector público tendrá que publicar el plazo en que paga a sus proveedores

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas de lucha contra la morosidad en el ámbito de las Administraciones Públicas, que se respalda en dos leyes y un decreto ley.

El Gobierno obligará a todas las Administraciones Públicas a publicar regularmente los plazos en que pagan a sus proveedores con el objetivo de chequear el cumplimiento de los plazos legales y promover medidas correctivas en el caso de que no sea así.

El Estado lo viene haciendo desde hace más de un año, pero no hay datos oficiales ni de comunidades autónomas ni de ayuntamientos en relación a este asunto, lo que complica exigir el cumplimiento de la ley, lógicamente.

Además, las Administraciones Públicas deberán elaborar un plan de tesorería para hacer frente a los pagos que tengan pendientes.

Además, se ha aprobado una nueva regulación de la factura electrónica con la que, según la vicepresidenta del Gobierno, se acabará con la práctica de dejar facturas impagadas en los cajones y que supondrá un ahorro para la administración y las empresas de casi 32 millones de euros.

Según Sáenz de Santamaría, la implantación de esta factura supondrá un ahorro para la Administración General del Estado de 16,9 millones, de más de 15 millones para las empresas que facturan electrónicamente con el Estado y un negocio de 18 millones para el sector que opera en este ámbito.

La factura electrónica será obligatoria a partir del 15 de enero de 2014 y supondrá dotar de mayor transparencia a los pagos del Estado.

Finalmente, la vicepresidenta ha informado de que se ha aprobado un real decreto de medidas urgentes contra la morosidad, por el que se pone a disposición de los ayuntamientos medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez.

Como medida novedosa ha subrayado el que se podrá utilizar para respaldar los planes de ajuste o las deudas con las universidades o los parques tecnológicas.

Asimismo, se podrá utilizar para saldar las deudas contraídas con el denominado tercer sector (atención a la dependencia, discapacidad o infancia).