El Senado insta al Gobierno a fijar un marco común para los entes reguladores

Madrid, 9 may.- El Pleno del Senado ha aprobado hoy una moción del PP en la que se insta al Gobierno a que impulse reformas para que se establezca un marco común para los organismos reguladores.

La moción ha salido adelante por 154 votos a favor, 87 en contra y una abstención y tiene como objeto que se agilice la entrada en vigor del anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El pasado 24 de febrero el Consejo de Ministros aprobó unificar los ocho organismos supervisores bajo un único paraguas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que reducirá el número de consejeros de 52 a 9, con un ahorro inicial de cuatro millones de euros.

De este modo se agruparán las funciones de la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la Comisión Nacional de la Competencia.

Al respecto, el senador socialista Francisco Vallejo ha calificado de curiosa la moción del PP, ya que insta al Gobierno a hacer algo que ya ha iniciado, por lo que ha advertido de que puede ser una "coartada" para buscar dar legitimidad a una propuesta que es un "despropósito".

En la defensa de la moción aprobada, el senador del PP José Fernández ha afirmado que con la reforma del Gobierno se evitarán duplicidades, pérdidas de seguridad jurídica y desprotección de los mercados.

Anteriormente, el Pleno del Senado ha rechazado otra moción de Entesa (por 139 votos en contra y 84 a favor del PSOE, CiU, Entesa y Grupo Vasco) en la que se instaba al Gobierno a modificar el anteproyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia.

En su defensa el senador José Montilla ha advertido de que la concentración de organismos supervisores que propone el Gobierno conlleva más inseguridad jurídica, un vaciado de competencias y una "recentralización" de ellas a los ministerios.