El SOMA-UGT mantiene su hegemonía en las elecciones sindicales en Hunosa

Oviedo, 29 nov.- El SOMA-FITAG-UGT ha revalidado su mayoría absoluta en las elecciones sindicales celebradas ayer en la empresa minera Hunosa en las que este sindicato obtuvo 42 de los 68 delegados que se elegían, el 61,7 por ciento, mientras que CCOO logró veintiún representantes, el 30,8 por ciento.

Estas cifras son similares a las de los últimos comicios celebrados en noviembre de 2010 cuando el SOMA-FITAG-UGT tenía aún al frente a José Ángel Fernández Villa, investigado ahora por la Fiscalía Anticorrupción tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar una fortuna de 1,4 millones de euros.

Por su parte, la Federación de Cuadrados ha logrado cuatro representantes, el 5,8 por ciento, mientras que USO, que había impugnado sin éxito las elecciones ante los tribunales para reducir a 23 el número de delegados a elegir, ha conseguido un apoderado.

El censo, tras la progresiva reconversión de la compañía estatal minera, se limitaba en esta ocasión a 1.568 trabajos que depositaron su sufragio en diez centros de trabajo en los que las votaciones se prolongaron hasta las once de la noche y las elecciones contaron con una participación masiva de los operarios de la empresa.

Tras conocer los resultados, CCOO ha destacado que el 45 por ciento de los votos del colegio de obreros correspondieron a su sindicato, que logró además el respaldo del conjunto de su afiliación y obtuvo, por primera vez, un delegado en la central térmica de La Pereda donde se elegían tres representantes.

Para el secretario general de la sección sindical de CCOO en Hunosa, Rubén García, se trata de "un excelente resultado" y ha incidido en que, a partir de ahora, el objetivo es garantizar el cumplimiento del convenio colectivo y del Plan de Empresa.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de desarrollar todas las alternativas de futuro que se negociaron, al margen de la producción de carbón, para garantizar la viabilidad de Hunosa más allá de 2019, fecha límite marcada por la UE para que las empresas sigan recibiendo subvenciones públicas para su funcionamiento.