El indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz, consejero delegado de Grupo Santander, todavía tiene por delante una larga travesía judicial que deja en suspenso qué terminará ocurriendo.
Actualmente, están vivos tres recursos contencioso-administrativo presentados en el Tribunal Supremo por la formación ICV; el abogado David Esteban Alija, que es accionista de Santander; y los propios afectados por el caso que supuso la condena de Sáenz -los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero, y Modesto González-.
Ésta vía, la contencioso-administrativa, es la única válida, según fuentes jurídicas consultadas por lainformacion.com, para limitar el alcance del indulto concedido al número dos de Santander, lo que hace que el reciente auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quede en papel mojado de cara a la posible inhabilitación del financiero.
En dicho auto, que desestima la querella por un presunto delito de prevaricación de Zapatero al haber concedido el indulto, el magistrado afirma que esta medida de gracia no exime a Sáenz de tener antecedentes penales.
La importancia de este punto radica en que el Banco de España prohíbe que pueda seguir llevando las riendas de una entidad alguien con una mancha de este tipo en su expediente.
Pero, aunque la Sala de lo Penal haya interpretado así el alcance del indulto, corresponde a la contencioso-administrativa refrendar, o no, este razonamiento jurídico. Y es ahí donde actualmente existen tres frentes abiertos.
Las tres vías abiertas
El presentado por ICV ha sido recurrido por la defensa de Santander, porque considera que esta formación carece de legitimidad procesal al ser un grupo parlamentario con presencia en el Congreso de los Diputados.
"Actualmente, hemos recurrido las alegaciones de la defensa de Santander", explica Joan Coscubiela, portavoz de ICV en el Congreso, quien defiende la interpretación dada por la Sala de lo Penal.
"El indulto, a diferencia de la amnistía, no extingue los antecedentes penales", explica el diputado, quien recuerda que la normativa especial del Banco de España prohibe ejercer en el sector financiero a quienes "tengan antecedentes penales por delito doloso, como ocurre en este caso".
Sáenz fue condenado a tres meses de arresto mayor e inhabilitación profesional por una denuncia falsa contra los empresarios Pedro Olabarría, Modesto González y Luis y José Ignacio Romero cuando el ahora número dos de Santander estaba al frente de Banesto.
El 25 de noviembre del año pasado, cuando ya había perdido las elecciones generales y era un Gobierno en funciones, Zapatero le concedió el indulto, una medida que acompañó de la afirmación de que se dejaba "sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria".
El Banco de España se acogió a este punto para no tener que aplicar su ya citada normativa específica, que conllevaría la inhabilitación de Sáenz.
Pero los razonamientos jurídicos esgrimidos por la Sala de lo Penal del Supremo quitan la razón al Banco de España y dan fuerza a los tres recursos contencioso-administrativos actualmente vivos, ya que todos ellos defienden que el indulto no limpia el expediente del financiero, sólo conmuta la pena.
Si alguno de estos procesos logra su objetivo, entonces sí, el Banco de España podría verse obligado a exigir a Emilio Botín que prescinda de su número dos.
Hasta entonces, la estrategia de Santander pasa por ganar tiempo en los tribunales para ser ella, la entidad, quien decida cuándo y cómo debe darse el relevo al frente de la primera entidad del país.
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