El Tribunal de la UE declara ilegal la acción de oro de Portugal contra Telefónica

La Justicia europea declaró hoy ilegales los derechos especiales quePortugal mantiene sobre la compañía de telefonía Portugal Telecom (PT),más conocidos como "la acción de oro", y que fueron utilizados lasemana pasada para vetar la venta del 30% de la brasileña Vivo a laespañola Telefónica.

La decisión del Tribunal de Justicia de laUE allana el camino al intento de adquisición por parte de Telefónica,que ha ampliado hasta el 16 de julio el plazo para que PT acepte suoferta por 7.150 millones de euros (más de 8.790 millones de dólares),con la esperanza de que los accionistas puedan aprobar la venta en eseplazo tras el fallo del tribunal.

Mediante su sentencia de hoy,"el Tribunal de Justicia declara que Portugal ha incumplido lasobligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación decapitales al mantener en Portugal Telecom derechos especialesatribuidos en relación con golden shares", según dice el comunicadoenviado por la corte, tras la lectura de la sentencia.

El textoexplica que "un número considerable de decisiones importantes relativasa PT depende del consentimiento del Estado portugués", lo queconstituye una "influencia sobre la gestión de PT que no estájustificada por la magnitud de la participación que mantiene (elGobierno) y que puede disuadir a los operadores de otros estadosmiembros de efectuar inversiones directas".

Concretamente, eltribunal ha valorado que "una eventual negativa por parte del estado aaprobar una decisión importante para la sociedad puede pesar sobre elvalor de sus acciones y, por lo tanto, disuadir a los accionistas deinvertir".

Además, el tribunal destaca que los privilegios que elEstado portugués mantiene sobre la compañía de telecomunicaciones sólopodrían reducirse "si el propio Estado lo consintiera", dado que "unamodificación de los estatutos no puede adoptarse sin la mayoría de losvotos correspondientes a las acciones privilegiadas".

Por otrolado, la sentencia ha desechado las razones de interés públicoesgrimidas por Portugal para mantener los derechos especiales sobre PT.

Eltribunal considera que "el objetivo de garantizar la seguridad de ladisponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis,guerra o terrorismo" podría "justificar un obstáculo a la librecirculación de capitales", pero lo descarta para este caso porconsiderar que debe existir una amenaza real que Portugal no hajustificado durante el proceso.

"El Tribunal de Justicia declaraque el ejercicio de los derechos especiales del Estado no está sujeto acondición o circunstancia específica y objetiva alguna", zanja el texto.

LaComisión Europea (CE) fue la que llevó a Portugal ante la Justiciaeuropea en 2008, tres años después de abrir un expediente al estadoluso por los privilegios que mantiene sobre el antiguo conglomerado detelecomunicaciones estatal.

Entre los privilegios que Bruselas noacepta figuran la potestad de nombrar a la tercera parte de losmiembros del Consejo de Administración, así como el derecho de veto enla elección de los directores y del consejo auditor y otras decisionescorporativas de calado, como las ventas de paquetes de acciones acompetidores.

Estos fueron los privilegios que el Ejecutivo lusoempleó para vetar el pasado 30 de junio la venta de la participación dePT en Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil, por 7.150 millonesde euros (que supone casi el valor de PT en Bolsa), pese a haber sidoaprobada por el 74% de los accionistas.

Ayer, el presidente de laComisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, aseguró quegarantizará la aplicación de la sentencia de la Justicia europea.

Eneste sentido, la portavoz comunitaria de Mercado Interior y ServiciosFinancieros, Chantal Hugues, explicó a Efe que la decisión judicialdebería ser respetada "inmediatamente" por las partes.

Sinembargo, en el caso de que Portugal se resistiera a perder sus derechossobre PT, el Ejecutivo comunitario podría emprender un segundoprocedimiento de infracción "con relativa rapidez", que sin embargopodría acarrear una demora de meses para los intereses de Telefónica.

Unasegunda posibilidad para la compañía española sería la de acudir a laJusticia local portuguesa, donde se vería respaldada por la sentenciadel Tribunal de la UE.