Managua, 13 jun.- La principal agrupación empresarial de Nicaragua criticó hoy la ley que crea una Unidad de Análisis Financiero (UAF) para combatir el lavado de dinero, bienes y activos ilícitos y no descartó recurrirla por considerarla inconstitucional.
El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) aseguró en un comunicado que con esa ley el Gobierno rompió el "consenso económico en el ámbito legislativo" y criticó al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por haberla aprobado sin contar con el respaldo del sector privado.
El Cosep explicó que si bien los empresarios respaldaban la aprobación de una ley creadora de la UAF "que cumpla con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos", entre otros, en este caso los legisladores sandinistas no tomaron en cuenta sus aportes ni los de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
La ley se aprobó "sin tomar en cuenta las principales observaciones que hemos presentado en defensa de los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses", advirtió el gremio empresarial.
Por tanto, el Cosep anunció que "hará uso de los recursos constitucionales que estén a su alcance para la tutela de esos derechos".
Los 63 diputados sandinistas aprobaron este martes la ley que crea la UAF para combatir el lavado de dinero, y que, según los opositores que votaron en contra, también podría permitir al Estado cometer actos de persecución y espionaje político.
La UAF, según lo sancionado, se encargará de prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiación al terrorismo.
Para ello podrá solicitar informes sobre cualquier transacción sospechosa a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y públicas o privadas, lo que la oposición percibe como una amenaza para quienes disienten con el Gobierno de Daniel Ortega.
El articulado de la nueva norma añade que no existe una "lista taxativa o limitativa" de las personas o empresas que deberán entregar información a la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.
La ley tipifica como "transacciones sospechosas" aquellos giros que igualan o superan en un día los 10.000 dólares.
El grupo parlamentario del FSLN, sin embargo, negó cualquier posibilidad de espionaje político.
El jefe del grupo parlamentario oficialista, Edwin Castro, sostuvo que la ley se discutió por "exigencia de las potencias internacionales para combatir el lavado de dinero" y para que Nicaragua salga de la lista gris conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios