En 2010 hubo 268.000 sanciones a perceptores de prestaciones de desempleo

Madrid, 10 jul.- Las irregularidades detectadas en las prestaciones de desempleo en el año 2010 se saldaron con 268.000 sanciones de retirada de las ayudas durante periodos entre uno y tres meses, o de manera permanente en los casos más graves.

También el año pasado, según detalló en una entrevista a Efe la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, la labor inspectora contra el empleo sumergido permitió recaudar mil millones de euros, tras detectar 117.000 infracciones.

En el caso de las sanciones a los perceptores de prestaciones del paro, se deben a motivos diversos, como la no renovación de la demanda, o a situaciones más graves en las que se descubre que alguien cobra el paro mientras trabaja, que es el caso "menos frecuente", aseguró Rodríguez.

La ley también obliga quienes cobran el paro a atender a los itinerarios y acciones formativas, dentro de las políticas activas de empleo que se consideren necesarias para su reincorporación al mercado laboral.

Para la responsable de Empleo "no debe verse como una medida para recortar inversiones en materia de protección por desempleo", algo que no pretende "en absoluto" el Gobierno, aclaró Rodríguez.

En lo que se refiere a los planes contra el empleo sumergido, recordó que el día 31 de julio se acaba el periodo en que se podía regular el empleo no declarado.

Desde que se aprobó el pasado día 29 de abril el plan para el afloramiento del empleo sumergido en Consejo de Ministros, los empresarios "han planteado preguntas y pedido información", pero hasta que no acabe el plazo a finales de este mes, no se dispone de datos concretos, dijo Rodríguez.

"Aquella empresa que, por la razón que sea, tenga trabajo no declarado (el Gobierno no va a entrar a enjuiciar la razón) que lo declare, porque se está perjudicando al trabajador, a otros empresarios y al conjunto de la sociedad", dijo Rodríguez, para quien lo más importante es "lanzar un mensaje de tolerancia cero frente al empleo no declarado".

Y si no se hace "por sentido de la responsabilidad", Rodríguez invitó a declarar el trabajo sumergido por temor a las mayores sanciones que se aplicarán a partir del 1 de agosto, cuando la multa subirá más de un 300 %.

Así, cuando se incumpla la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social, la sanción pasará de los 625 euros como mínimo y los 6.250 euros como máximo que se contemplan actualmente, a multas de entre 3.126 euros a 10.000 euros a partir del 1 de agosto.

Pero Rodríguez hizo hincapié en que la lucha contra el empleo sumergido estaba ya entre las prioridades del Gobierno desde antes de aprobar dicho plan.

Recalcó que en el último año la labor inspectora contra el empleo sumergido permitió recaudar mil millones de euros, tras detectar 117.000 infracciones.

Además, en los últimos tres años el numero de actuaciones de lucha contra el empleo no declarado ha crecido un 34 % y las sanciones casi un 11 %.