La Comisión Europea dio este jueves un paso más en el procedimiento de infracción a España por haber incumplido la directiva del agua y la de inundaciones, aprobadas en los años 2000 y 2007, respectivamente. En concreto, el órgano de gobierno de la Unión Europea ha señalado que el país no ha cumplido con la revisión de los planes hidrológicos de cuenca y los de gestión de riesgo de inundaciones que debe hacer una vez cada seis años, de acuerdo con la normativa comunitaria y le insta a hacerlo en un plazo máximo de dos meses, o de lo contrario, amenaza con iniciar un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el que sería el último paso del procedimiento de infracción y que podría llevar al estado español a enfrentar una sanción económica, si así lo estima la Justicia europea.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trasladan que "los planes hidrológicos y los de inundación de las demarcaciones intercomunitarias fueron aprobados en el pasado mes de febrero y están en vigor desde esa fecha", esto es, los de competencia estatal. Sin embargo, los planes de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma están pendientes, según recoge la página web de este departamento, lo que habría llevado a la institución europea a volver a reclamar a España el cumplimiento de las directivas. "La Comisión no se dirige a una comunidad autónoma, sino al estado español, pero los planes a los que hacen referencia son competencia autonómica, no estatal" explican fuentes de la cartera de Teresa Ribera.
El órgano encabezado por Ursula von der Leyen remitió a España - y otros siete países miembros- una carta de emplazamiento en la que instaba al estado a "cumplir sus obligaciones y a finalizar la revisión de sus planes hidrológicos", según explica la Comisión, sin embargo, ha constatado que Bulgaria, Chipre, España, Malta, Portugal, Irlanda, Eslovenia y Eslovaquia van con retraso en la "revisión, adopción y notificación" de alguno de estos dos planes por lo que ha pasado a emitir un dictamen motivado -el paso previo a acudir al TJUE- y concede un plazo máximo de dos meses a los estados para que respondan y adopten las medidas necesarias.
La información compartida por el Gobierno sitúa en julio de 2023 el fin de la aprobación de los planes hidrológicos correspondientes al ámbito estatal por competer a más de una comunidad autónoma, en concreto fueron tres los planes de cuencas situadas en Cataluña y Andalucía los aprobados entonces por el Consejo de Ministros, completando un total de 18 planes del tercer ciclo (2022-2023). Mientras que los planes de gestión de los riesgos de inundación se han aprobado en diferentes reuniones del Gobierno central comprendidas entre enero y julio de 2023, quedando en tramitación los correspondientes a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Palma.
En cambio, los planes ante el riesgo de inundación de El Hierro y La Gomera fueron respaldados el 25 de mayo y el 15 de junio respectivamente, antes y después de la celebración de las elecciones autonómicas. Los planes hidrológicos también habían sido aprobados por el gobierno saliente del PSOE, aunque el Ministerio de Transición no recoge las fechas en la recopilación nacional. Desde la vicepresidencia tercera del Gobierno aclaran que ahora es el ejecutivo autonómico el que tiene que terminar los planes que reclama la Comisión Europea y aprobarlos, para que después el Gobierno central tome razón de ello en un Consejo de Ministros.
El Gobierno de Canarias, encabezado por Fernando Clavijo de Coalición Canaria, debe completar el proyecto para garantizar el buen estado de todas las masas de agua y los mapas que reflejen las "consecuencias adversas potenciales asociadas a los escenarios de inundación" antes de diciembre, para cumplir con el plazo dictado desde Bruselas. Lo habitual es que la Comisión no llegue a acudir al TJUE para exigir el cumplimiento de la normativa europea en un estado miembro, pero en el escrito remitido este jueves el órgano advierte de que "la legislación de la UE sobre el agua debe aplicarse plenamente para alcanzar las ambiciones de la UE en materia de economía circular, biodiversidad, contaminación cero y cambio climático" y podría optar por la vía judicial si los estados no dan una respuesta satisfactoria.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios